Se realizó en Cipolletti el juicio de cesura en el marco del proceso penal iniciado contra el ex intendente de Fernández Oro, Juan Oscar Reggioni quien el 12 de mayo pasado había sido hallado responsable del delito de administración fraudulenta y uso de documento ideológicamente falso. La Fiscalía pidió una pena de 5 años de prisión mientras que la defensa pública el mínimo previsto, de dos años de prisión condicional.

El tribunal consideró acreditado oportunamente que, mientras se desempeñaba como intendente, el hombre utilizó una declaración jurada adulterada para destrabar un último desembolso de un plan nacional de viviendas. El proyecto solo alcanzó a construir seis de las doce unidades previstas. En este mismo proceso fueron absueltas el resto de las personas imputadas, tres presidentes de cooperativas y una intermediaria.

En la audiencia desarrollada hoy, luego de escuchar a cinco testigos, la Fiscalía solicitó para el ex mandatario municipal una pena de cinco años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Adelantó además que como ya cuenta con una condena firme en su contra (desde el 16 de mayo pasado cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto), la pena pretendida deía ser unificada en una condena única de seis años y medio de prisión.

Durante su alegato, la acusación pública sostuvo que el imputado “desconoció al Estado como estructura institucional y jurídica” y que “se condujo como si fuera un patrón de estancia”, organizando cooperativas, designando domicilios y utilizando recursos públicos sin rendición de cuentas. Argumentó que el ex funcionario defraudó a la administración y a los contribuyentes, incumpliendo con la construcción de viviendas comprometidas y afectando así directamente a la comunidad.

En este sentido, el fiscal jefe remarcó que el castigo debe ser severo, no sólo por el perjuicio ocasionado sino también con un fin ejemplificador, conforme al principio de prevención general. “La única fuente concreta de garantía que tenemos todos es la ley”, expresó al solicitar la pena.

Por su parte, la defensa oficial solicitó que la condena sea de cumplimiento condicional, argumentando que los hechos juzgados datan de más de diez años y que, al momento en que ocurrieron, el imputado no contaba con antecedentes penales.
Agregó que ha tenido una conducta intachable durante el proceso, ha respetado las medidas cautelares impuestas y ya se encuentra cumpliendo la inhabilitación para ocupar cargos públicos. También señaló el arraigo familiar y la edad avanzada como circunstancias atenuantes.

El acusado hizo uso de la palabra antes de que finalizara la audiencia, negando haber cometido delito alguno. La sentencia se dará a conocer en una audiencia que se desarrollará por Zoom el 30 de junio próximo a las 14 horas.