La recaudación del Estado se está desplomando entre 15% y 20% interanual, las retenciones cayeron 40%, el Impuesto Pais se achicó 35% con la desaceleración de la actividad que hundió la base imponible que alimentaba IVA y Ganancias. La caída de la recaudación alcanza al 1,5% del PBI, apenas 0,3% menos que el superávit alcanzado en 2024.

Para sostener la meta fiscal acordada con el FMI hay que ajustar por lo menos 2 puntos del PBI en gasto primario no indexado, lo que equivale a más de 10 billones de pesos. Esa cifra no es un número abstracto: es la dimensión del ajuste que se viene para la última parte del año.

Como buena parte del gasto público está indexada por ley, jubilaciones mínimas, deuda, asignaciones y prestaciones sociales, todo el ajuste deberá concentrarse en el gasto no indexado, es decir, salarios, subsidios, obras públicas y transferencias a las provincias.

De hecho, el ajuste ya empezó. Un gobernador del norte que luego de meses de tortuosas negociaciones había logrado que Nación le pague dos tramos del asfaltado de una ruta productiva crítica, reconoció a LPO que «los pago se frenaron». La caída de la recaudación dejó al Tesoro sin la red de contención que tuvo en la primera mitad del año.

Ahí aparece la maniobra que el Gobierno usó para atravesar el calendario electoral con el menor ruido posible. En julio y agosto, mientras el dólar mayorista comenzaba a moverse bajo el régimen de flotación entre bandas, el Estado decidió pisar el traslado a tarifas y aumentó los giros a Cammesa hasta niveles inusuales: 652 millones de dólares en julio y 491 millones en agosto, muy por encima del promedio del primer semestre, tal como revelo un informe que dio a conocer el Partido Justicialista. Fue una contención deliberada para que el impacto no llegara a la boleta antes de votar. Pero ese dique ya no se puede sostener.

«La devaluación acumulada desde el 11 de abril que se paso al esquema de flotación se acerca al 40%. De no haber mediado el aumento de subsidios, la suba del tipo de cambio se traslada en un 90% a la factura. Ese salto fue contenido, pero ya no alcanzan los fondos para seguir sosteniendolo. Sobre ese aumento escondido, se va a montar una eventual devaluación post electoral. El impacto puede ser altísimo», indicó a LPO un ex funcionario de Energía.

En paralelo, en el proyecto de Presupuesto que el Gobierno envío al Congreso para el ejercicio 2026, los números esconden una lógica clara: mientras las partidas indexadas muestran una variación real positiva, el resto del gasto se prepara para una caída mucho más profunda. Esto vaticina tensiones con los gobernadores aliados que ahora volvieron a acercarse al Gobierno, con la expectativa de recibir fondos.

Antes de que el gasto total pueda mostrar una suba moderada, es necesario que las partidas no indexadas caigan con más fuerza para reducir el peso del Estado sobre el PBI, explicó a LPO el director del IARAF, Nadin Argañaraz, que estudió el tema.

El ajuste ya empezó en todas las áreas del Estado. El déficit operativo de empresas públicas se derrumbó un 26,7%, los bienes y servicios cayeron 4,9% en términos reales, y los otros gastos se ajustaron un 5,4%, mientras el gasto que la ley protege crece automáticamente.

«Ya se habían hecho simulaciones para el cierre fiscal 2025 con distintos escenarios de caída de ingresos y el resultado era siempre el mismo: si la recaudación afloja, el ajuste tiene que concentrarse en el gasto no indexado», explicó Argañaraz.

«Y hay un dato clave: el Presupuesto 2026 no incorpora una reducción de impuestos, pero el Gobierno sí dejó abierta esa discusión en paralelo. Si se avanza con una baja de alícuotas, como deslizan algunos funcionarios, habrá que reabrir la caja y recortar todavía más sobre las partidas flexibles», concluyó el director del IARAF. (LPO)