La familia del oficial de la Policía de Río Negro, Gabriel Mandagaray (foto), fallecido en abril de 2021 durante una capacitación del COER, impulsa un jury a cuatro jueces del Superior Tribunal de Justicia. El pedido fue ingresado a la Legislatura y remitido a la Comisión de Juicio Político para su análisis.

En su presentación, Elsa Adriana Fabi, madre del oficial, sostuvo que los magistrados incurrieron en “mal desempeño” (¿protección de alguien?) y “abuso de autoridad” en el tratamiento de la causa penal vinculada a la muerte de su hijo.

Recordó que la investigación y el juicio oral culminaron en condenas durante 2023, confirmadas en revisión, pero señaló que “a partir de la llegada del expediente al Superior Tribunal de Justicia, vino el calvario”, denunciando que el máximo tribunal provincial anuló resoluciones previas y devolvió reiteradamente el expediente. Según afirmó, esas decisiones “han llevado a que la causa de mi hijo ingrese en impunidad”.

Fabi indicó que las pruebas aportadas durante el proceso acreditaron una “muerte en custodia” y remarcó que su hijo asistió a la capacitación por orden institucional y no de manera voluntaria. Sostuvo además que la familia “se siente provocada e insultada” y que, a su criterio, los jueces cuestionados “no están a la altura de las circunstancias”. Solicitó que se garantice “la transparencia y el cumplimiento de la ley” y que, eventualmente, se adopten las medidas disciplinarias previstas por la normativa vigente.

Comisión de Juicio Político

La denuncia fue elevada al presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, quien dio curso administrativo a la presentación, tal como establece la Constitución provincial y el reglamento legislativo. La evaluación del planteo está ahora en manos de la Comisión de Juicio Político, integrada por los legisladores Ariel Bernatene (UCR), Facundo López, Silvia Morales y Lucas Pica (JSRN) y Gabriela Picotti (Pro Unión Republicana).

De acuerdo con la Constitución de Río Negro, la Comisión cuenta con un plazo de 40 días para emitir dictamen y definir si corresponde elevar la acusación a la Sala Acusadora, instancia que resolverá si se inicia o no el proceso de juicio político contra los magistrados señalados. (ADN)