Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska que obligue al estado argentino a detallar la ubicación, cuentas y movimientos de sus reservas de oro. El requerimiento sacudió al Banco Central. LPO anticipó en exclusiva que la entidad que preside Santiago Bausili reconocía que la operación con el oro estaba floja de papeles y exponía a las autoridades a una causa penal.

El pedido de los demandantes se fundamenta en la denuncia de una supuesta estrategia de ocultamiento de activos por parte del gobierno para evitar el pago de la sentencia de US$ 16.100 millones de dólares.

Según los demandantes, el país incumplió la orden de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional. Los fondos Petersen y Eton Park sostienen que Argentina presentó a un expositor «deliberadamente no preparado», lo cual consideran una maniobra de obstrucción en el proceso de descubrimiento de bienes.

Los demandantes buscan identificar activos embargables para ejecutar la sentencia dictada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La información proviene de una carta remitida el 21 de enero de 2026 por el estudio de abogados Levine Lee LLP a la jueza Loretta A. Preska.

En el cuerpo de la nota presentada al tribunal, los abogados afirmaron que «el incumplimiento de la República en producir un testigo calificado forma parte de su estrategia para evadir la ejecución de la sentencia de US$16.1 mil millones, incluyendo la ocultación de más de US$1.000 mil millones en reservas de oro». Los demandantes argumentaron que la falta de respuestas es «grave y continua» y que el daño económico es mayor debido a que el precio del metal alcanzó un máximo histórico.

La presentación judicial señala que funcionarios de alto rango tienen acceso a los datos requeridos. Según el texto, el ministro de Economía, Luis Caputo, posee información directa sobre el traslado de los activos, resaltando que «el ‘jefe’ de (Santiago) Bausili» (presidente del Banco Central) y que ambos están en «contacto continuo vía grupo de chat».

Para los litigantes, la elección de un testigo sin estos conocimientos «equivale a una falta de comparecencia». Ante esta situación, los beneficiarios del fallo solicitaron que el tribunal «obligue a la República a proporcionar de inmediato una declaración jurada identificando la ubicación, movimientos y cuenta(s) que mantienen el oro».

En caso de que el gobierno alegue falta de acceso a la información del Banco Central, pidieron celebrar una «audiencia probatoria con testimonio de individuos con conocimiento, incluyendo a Caputo y otros testigos».__

Finalmente, el escrito reclama que se ordene a la República Argentina pagar los «honorarios razonables de abogados» de los demandantes por su conducta obstructiva.

Los abogados recordaron que organismos como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación (AGN) poseen autoridad legal para acceder a la información sobre el transporte de las reservas. (LPO)