La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, ratificó la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Con este fallo, la Justicia rechazó la apelación presentada por gobierno de Javier Milei y confirmó la vigencia de la norma, que incluye la re-composición salarial para el personal del sistema educativo superior.

La medida judicial exige el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Esto implica: Actualización salarial: la re-composición de los haberes para docentes y no docentes de universidades públicas, abarcando el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la ley en septiembre de 2025. Programas de asistencia: la regularización y actualización de la totalidad de las becas estudiantiles.

Desestimaron las quejas del Estado calificando de “poco serios” los planteos que sugerían que esta cautelar funcionaba como una sentencia definitiva encubierta. Además, subrayaron que el impacto fiscal de la medida es bajo y no compromete el interés público- De hecho, por el contrario: señalaron que lo que está en disputa es el derecho constitucional a la educación superior.

El proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria Y Re-composición del Salario Docente fue aprobado el año pasado por el Congreso y vetado por el Poder Ejecutivo con el argumento de que su aplicación comprometía el equilibrio fiscal. De vuelta en manos del Poder Legislativo, ambas Cámaras lo ratificaron. Tras ello, el Gobierno decidió suspender su ejecución porque, dijo, los legisladores no habían especificado el origen de los fondos para solventar estas erogaciones.