La oposición en Río Negro busca respuestas sobre la desaparición de armas de fuego bajo custodia judicial y presentó un pedido de informes para conocer qué ocurrió y qué medidas se tomaron. La iniciativa fue impulsada por José Luis Berros, presidente del bloque Vamos con Todos, con el acompañamiento de legisladores de distintos espacios.

El reclamo está dirigido al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y al Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de acceder a información detallada sobre el faltante de armamento y los controles aplicados en los depósitos judiciales.

En el documento, Berros advirtió que la custodia de armas secuestradas es responsabilidad del Poder Judicial debido al riesgo que implica su circulación ilegal. “revela graves irregularidades en los protocolos de resguardo y pone en cuestión la confianza pública en las instituciones”, señaló Berros.

El caso se originó tras la desaparición de al menos 120 armas de fuego en dependencias judiciales de General Roca y Villa Regina, detectada luego de que una pistola secuestrada apareciera en otro procedimiento policial.

Irregularidades en depósitos judiciales y avance de la investigación
A partir de ese hallazgo, se identificaron inconsistencias en los depósitos de secuestros, especialmente en tribunales de General Roca, donde se registró el mayor faltante. También se confirmaron sustracciones en Villa Regina y en oficinas de la fiscalía.

Como consecuencia, se iniciaron sumarios administrativos y se designó al fiscal jefe de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna, para llevar adelante la investigación penal.

Los legisladores reclaman conocer cuándo y cómo se detectaron las irregularidades, qué controles existían y por qué no funcionaron. También solicitan detalles sobre las medidas adoptadas tras el hallazgo ocurrido en marzo de 2026.

El pedido incluye antecedentes como el hurto de armamento registrado en diciembre de 2025 en Villa Regina, con el objetivo de establecer si existen patrones o fallas estructurales.

Controles, responsabilidades y sistema PUMA en la mira
Entre los puntos centrales, se solicita información sobre el inventario y la capacidad de los depósitos judiciales, así como los controles aplicados en cada dependencia.

También se pide precisar si había armas en fiscalías pese a normativas que lo prohíben y quiénes son los funcionarios responsables de las investigaciones administrativas y penales.

Otro eje del pedido es el funcionamiento del sistema informático PUMA, utilizado para la trazabilidad de elementos secuestrados. Los legisladores buscan determinar si hubo inconsistencias en los registros y si se pudieron reconstruir los movimientos del armamento faltante.

Además, se requieren datos sobre sumarios iniciados, posibles apartamientos de personal y medidas preventivas adoptadas en otras circunscripciones judiciales.

Reclamo político y cuestionamientos al control institucional
El pedido también apunta a conocer los protocolos vigentes para la custodia de armas, las auditorías internas realizadas y los cambios previstos para evitar nuevas irregularidades.

“Resulta imprescindible que el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público Fiscal informen con detalle las circunstancias de lo ocurrido, las investigaciones en curso y las medidas correctivas implementadas”, expresó Berros.

En ese marco, agregó: “tanto habla -el gobernador Alberto- Weretilneck de seguridad jurídica y no pueden ni controlar las armas que se secuestran”, en referencia al contexto institucional.

Los legisladores sostienen que el caso no puede considerarse aislado y reclaman respuestas claras sobre el faltante de armas bajo custodia judicial, en función del impacto en la confianza pública.