POR LÓGICA SE VEÍA VENIR. Una resolución que rechazó en su totalidad la Ordenanza Nº 3568-CM-26, sancionada por el Concejo Municipal que establecía el ingreso a planta permanente de personal contratado, por considerar que presenta objeciones jurídicas, presupuestarias e institucionales.

La norma sancionada por el Concejo contemplaba el pase a planta de trabajadores de distintas áreas municipales, incluyendo personal bajo modalidad de horas cátedra y agentes comprendidos en regímenes de cupo laboral. Además, incorporaba un listado nominal de personas alcanzadas y proponía la conformación de una Comisión de Pase a Planta Permanente, integrada por representantes del Ejecutivo, del Concejo y del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales que siempre dirían que no.-

Desde el Ejecutivo argumentaron que la ordenanza genera obligaciones laborales permanentes (de carácter salarial, previsional y administrativo) que impactan de manera directa en la estructura y el gasto público municipal. En ese sentido, advirtieron que el Concejo no aprobó la Ordenanza Fiscal y Tarifaria correspondiente al ejercicio 2026, lo que impide contar con una previsión clara de recursos para afrontar nuevas erogaciones sin comprometer el equilibrio económico.

Otro de los puntos observados fue el mecanismo de incorporación previsto. Según la resolución, el acceso a la planta permanente debe regirse por principios de igualdad, idoneidad y transparencia, lo que requiere procedimientos abiertos y objetivos. Sin embargo, la ordenanza establecía un listado nominal de agentes sin detallar criterios de selección ni procesos que garanticen esas condiciones.

Cuestionó la creación de la comisión con participación sindical, al considerar que excede sus funciones y se le asignaban funciones de evaluación y definición de ingresos que corresponden exclusivamente a la administración municipal. En ese sentido, señalaron que la determinación de los mecanismos de ingreso y designación de personal es una competencia propia del Ejecutivo, vinculada a sus facultades de organización y administración.

Finalmente, el texto señala que, pese al veto, el gobierno municipal mantiene su compromiso con la regularización de la situación laboral del personal, aunque sostuvo que ese proceso debe realizarse mediante mecanismos objetivos, transparentes y con previsión presupuestaria.