Un padre consiguió el uso de la vivienda familiar junto a sus hijos e hijas hasta que todos alcanzaran la mayoría de edad, tras un acuerdo alcanzado en el fuero de Familia de Cipolletti. La decisión quedó formalizada en una sentencia que dio validez a lo pactado entre las partes.

La situación se originó en desacuerdos sobre el destino del inmueble luego de la separación. Según consta en el expediente, el padre se presentó ante el fuero de familia en representación propia y de sus hijos e hijas, y solicitó que se le atribuyera el hogar. En su planteo, señaló que tenía a su cargo el cuidado cotidiano del grupo familiar y que la vivienda se encontraba registrada como vivienda familiar bajo normativa vigente.

La madre rechazó los hechos expuestos al responder la demanda. En esa instancia, también planteó una alternativa vinculada al uso del inmueble. A lo largo del proceso intervino la Defensoría de Menores, en resguardo de los intereses de los hijos e hijas.

En los primeros días del trámite, la jueza ordenó una constatación en la vivienda ante la posibilidad de que se realizaran actos sobre el inmueble. Esa medida se incorporó al expediente como parte de la prueba.

Con el avance del proceso, las partes lograron acercar posiciones. El 16 de marzo de 2026 se presentaron a una audiencia en la que alcanzaron un acuerdo y solicitaron su homologación judicial. Allí definieron las condiciones de uso del inmueble y fijaron pautas para evitar conflictos futuros.

El acuerdo estableció que la vivienda se atribuyó al padre junto a sus hijos e hijas desde una fecha determinada. Esa atribución se extendió hasta que todos alcanzaran la mayoría de edad.

Además, las partes asumieron el compromiso de no realizar actos de disposición del inmueble de forma unilateral. También dejaron previsto que cualquier decisión sobre el bien requería el consentimiento de ambas.

Antes de dictar sentencia, la Defensoría de Menores emitió su dictamen y expresó que no tenía objeciones respecto del acuerdo alcanzado. Esa intervención formó parte del análisis del caso.

Finalmente, la magistrada dictó sentencia y otorgó fuerza legal al acuerdo presentado por las partes. En la resolución incorporó el contenido del entendimiento alcanzado en la audiencia y dispuso su cumplimiento en los términos pactados.

El caso se encuadró en un proceso de atribución de vivienda, una herramienta prevista para ordenar el uso del hogar familiar en situaciones de conflicto entre progenitores. La sentencia recogió el acuerdo alcanzado en sede judicial y fijó las condiciones para su aplicación.