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Inicio›Policial & Judicial›JUDICIALIZADO PENALMENTE POR PRESUNTO PECULADO Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA SE NIEGA A DEJAR LA INTENDENCIA

JUDICIALIZADO PENALMENTE POR PRESUNTO PECULADO Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA SE NIEGA A DEJAR LA INTENDENCIA

Publicado por BarilocheD
11 julio, 2026
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El intendente de Allen, Marcelo Román, ratificó que no abandonará el cargo mientras la situación no quede resuelta en la Justicia. Insistió en que la ordenanza aprobada por seis concejales carece de validez legal, y confirmó que presentó una denuncia penal contra los ediles que impulsaron la medida.

«Fuimos elegidos por el pueblo y tenemos un mandato democrático», sostuvo Román, quien calificó lo ocurrido como un «avasallamiento» y un intento de afectar no sólo a su gestión sino también a la institucionalidad municipal. El intendente habló en Literal Radio, y abordó uno de los principales puntos de debate: el artículo 109 de la Carta Orgánica.

Román sostuvo que esa norma no resulta aplicable a su caso porque hace referencia al antiguo Código Procesal Penal de Río Negro, hablando de la figura del «procesamiento», que desapareció con la reforma vigente desde el 2017. Según su interpretación, esa instancia del proceso penal no puede equipararse a una formulación de cargos actual.

Como antecedente, recordó que hace un año un dictamen del entonces asesor legal del Concejo había sostenido esa misma postura.

Además, Román sostuvo que el artículo 109 sólo habla de funcionarios, sin alcanzar al intendente. Sin embargo, durante la entrevista los periodistas leyeron al aire el texto del artículo 109, que establece que, si «se imputare a las autoridades, funcionarios o empleados municipales delito penal y el tribunal competente resolviera procesar», el Concejo podrá resolver la suspensión del imputado.

A partir de esa lectura, se planteó que la referencia expresa a las «autoridades» también comprendería al intendente, interpretación que Román rechazó al sostener que la remoción de cargos electivos está prevista específicamente en el artículo 98 de la Carta Orgánica.

La causa penal y el argumento del Concejo

La suspensión se aprobó pocos días después de que la Justicia formulara cargos contra Román en una investigación por presunto peculado y administración fraudulenta.

La acusación sostiene que el intendente habría entregado un teléfono celular adquirido con fondos municipales a Sebastián Ocampo, propietario de medios de comunicación de Allen, quien también está imputado en la misma causa.

Consultado sobre el argumento utilizado por los concejales -que afirmaron haber buscado resguardar las arcas municipales mientras avanza la investigación-, Román respondió que ninguna autoridad judicial solicitó medidas cautelares que limitaran el ejercicio de sus funciones.

«Ni la jueza, ni la fiscal, ni la fiscal jefe pidieron una medida de ese tipo», afirmó, y cuestionó el dictamen jurídico que respaldó la ordenanza aprobada por el Concejo.

El intendente evitó profundizar sobre los aspectos específicos del expediente penal y reiteró que su defensa quedará en manos de sus abogados.

La disputa también pasa por los procedimientos

Román también cuestionó la legalidad del procedimiento seguido por el Concejo Deliberante. Según explicó, el proyecto que derivó en su suspensión no integraba originalmente el temario de la sesión extraordinaria y, además, consideró que la ordenanza todavía no puede producir efectos inmediatos porque debe atravesar el procedimiento previsto para cualquier norma municipal.

En ese sentido, afirmó que la Carta Orgánica establece plazos para la promulgación, eventual veto y publicación de las ordenanzas, por lo que sostuvo que continuará ejerciendo plenamente sus funciones hasta tanto esos pasos se cumplan y la Justicia resuelva las presentaciones realizadas.

Un conflicto que ahora se traslada a los tribunales

Durante la entrevista también surgieron preguntas sobre el impacto político e institucional que atraviesa Allen. Los periodistas plantearon que la incertidumbre puede afectar el funcionamiento cotidiano del municipio y recordaron que, además del proceso judicial en marcha, unas 3.000 firmas se presentaron en un pedido de revocatoria contra el intendente.

Román relativizó ese proceso al sostener que muchas de esas adhesiones deberán revisarse y defendió la continuidad de su gestión. «Seguimos gobernando como desde el primer día», aseguró. (ADN)

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