El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó sin prisión preventiva a las ex autoridades de la Anmat y del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname). La causa investiga su supuesta responsabilidad en el fallecimiento de noventa personas por recibir dosis de fentanilo adulterado.

La medida judicial alcanza a Nélida Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), y a Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, exdirectora nacional del Iname,(ambas en la foto). El juez Ernesto Kreplak también les trabó un embargo por 500 mil millones de pesos y les dictó la prohibición de salida del país.

Según la investigación penal, ambas exfuncionarias fueron “partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales” asociada con la muerte de por lo menos 90 personas, lesiones gravísimas en al menos otras dos, lesiones graves en otras 41 y lesiones leves en por lo menos una persona.

Para el magistrado a cargo de la causa, ambas son partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales. Por el hecho, además de las víctimas fatales, hay decenas de personas con lesiones graves. A su vez, el juez dispuso para cada una de ellas un fuerte embargo y la inhibición general de sus bienes. Con todo, las ex funcionarias continuarán en libertad, aunque deberán cumplir una serie de restricciones mientras avanza el expediente.

Entre otras medidas, no podrán salir del país, deberán presentarse periódicamente ante la Policía Federal y entregar sus pasaportes. Tampoco podrán mantener contacto con personas vinculadas a las áreas de la Anmat y del Iname. El juez consideró que las irregularidades detectadas en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo eran conocidas dentro del sistema de control sanitario. El fallo asegura que existían las herramientas legales necesarias para impedir que estas compañías continuaran operando.

Con relación al Ministerio de Salud, Kreplak consideró que no existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidades a su máxima autoridad, Mario Lugones. Según el fallo, las directivas ministeriales iban dirigidas a impedir el funcionamiento de estas firmas. (MinutoUno y propia)