La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció el grave estado de abandono en el que se encuentran las prestaciones de PAMI. Es que, la obra social de los jubilados y jubiladas, tiene demoras de hasta un año en la entrega de elementos de fisiatría, como sillas de ruedas, andadores, camas ortopédicas y audífonos, y superior a los treinta días en medicamentos vitales, entre ellos los que corresponden a tratamientos oncológicos.

El sindicato también reveló que los usuarios son víctimas del cobro de un plus en cada una de las prácticas, un hecho completamente ilegal que además pone en riesgo la vida de los jubilados y jubiladas, que en su mayoría no pueden afrontar el gasto. El gremio también corroboró el cobro para realizar las prácticas bioquímicas por parte de todos los laboratorios de la provincia y la pérdida de prestaciones de alta complejidad, como radioterapia.

“Lo que está ocurriendo es muy grave. Son millones los beneficiarios en el país, y más de 100.000 en Río Negro, los que en las últimas semanas ingresaron en un escenario de total abandono”, dijo Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE.

“Los afiliados aportaron al PAMI durante toda su vida para tener acceso a un servicio libre y gratuito del sistema de salud. Queremos saber qué está ocurriendo en la obra social con una recaudación multimillonaria que hoy no garantiza los servicios básicos a sus afiliados”, completó el dirigente y agregó que cada día asisten afiliados de forma masiva a todas las oficinas del organismo para pedir el subsidio social que les permita adquirir los medicamentos que antes recibían libremente, en la mayoría de los casos sin lograrlo.

Además, el sindicato realizó asambleas en la oficina central en General Roca, y en todas las agencias de la Provincia, frente a las masivas cesantías que se conocieron durante las últimas horas, por lo que se declaró en estado de alerta y asamblea permanente y prevén medidas de fuerza sorpresivas en las próximas horas: desde ATE advierten que, sumado a la falta de prestaciones, estos despidos se traducirán en una pérdida fenomenal de derechos.

Desde el sindicato señalaron, además, que, con estas medidas, las autoridades del organismo buscan reducir la obra social a la mínima expresión para luego intentar su privatización.