Siempre sostuvimos que los grandes enemigos del Parque y la ciudad, son los arquitectos y sus serviles cómplices en los emprendimientos (incluidos funcionarios), que detrás del dinero destruyen el bosque, no respetan ordenanzas de construcción y luego pagan multas, en fin, sólo les interesan sus bolsillos ni siquiera familias o legado a sus hijos y de allí nos parece muy importante dar a conocer esta nota en su tercera parte:

El avance implacable de la privatización en las costas del Lago Nahuel Huapi

El principio legal de acceso público a las costas de ríos y lagos en Argentina es un derecho fundamental, pero en Bariloche su cumplimiento se ve constantemente amenazado por el avance de intereses privados. Se han documentado numerosos casos que evidencian esta problemática.
Solo por mencionar algunos, en la zona del kilómetro 1 de la Avenida Bustillo, se ha denunciado que hoteles han construido o realizado ampliaciones directamente sobre la costa del lago, en algunos casos «ganándole tierras al mismo».

Un informe de 2004 ya mencionaba puntos de acceso público inaccesibles en esta zona, y el edificio «Capitalinas», cuya construcción comenzó en 2011, enfrentó sanciones por infracciones que incluyeron transformación de la costa y quema de arrayanes en este sector.

Más recientemente, en el kilómetro 10.800, cerca del Arroyo Gutiérrez, un particular fue denunciado por cercar la costa, talar árboles y crear una playa privada. En el kilómetro 5.4 de la misma avenida, el hotel Sol del Nahuel inició la construcción de un muelle de grandes dimensiones sin los permisos correspondientes de Parques Nacionales, según denuncias vecinales. Aunque el propietario alegó razones de seguridad para los navegantes, los vecinos lo percibieron como una invasión de la playa.

Estos no son hechos aislados. Un patrón de «constante avance del interés privado sobre las costas» ha sido denunciado por años. Existen numerosos accesos públicos que figuran en los catastros municipales pero que en la realidad se encuentran completamente bloqueados y no señalizados.

Por otra parte, las diversas instancias de muelles ilegales, cercas y construcciones que invaden las costas de lagos y ríos representan colectivamente una pérdida significativa de espacio público. Vale recordar que el acceso público a los cuerpos de agua es un derecho legal y una parte clave del atractivo de Bariloche.

La ciudad de dos caras: infraestructura para pocos y carencias crónicas para residentes

Se evidencia una marcada disparidad en San Carlos de Bariloche: mientras cuantiosos fondos públicos o garantías estatales facilitan la infraestructura para grandes emprendimientos privados e inmobiliarios, numerosos barrios históricos de la ciudad padecen desde hace décadas la falta de servicios básicos esenciales.

Por ejemplo, el gobierno provincial de Río Negro impulsó proyectos como la infraestructura para el Parque Productivo Tecnológico Industrial de Bariloche, para beneficio de empresas privadas que se radicaran allí. En contraste, la realidad de muchos barrios de la ciudad es desoladora. Existen zonas que llevan entre 20 y 30 años esperando servicios básicos como agua potable, gas natural, cloacas o asfalto.

El barrio Mirador del Challhuaco, un loteo social realizado en 2010, es un caso emblemático: sus habitantes, a pesar de pagar impuestos municipales, aún carecen de servicios básicos. Esta brecha en la inversión y atención estatal refleja elecciones políticas que priorizan la atracción de capital y el servicio al mercado turístico.

Cuando el Estado dirige las inversiones a áreas no servidas para nuevos proyectos privados, efectivamente subsidia esos proyectos y desbloquea su valor especulativo por sobre la garantía de una calidad de vida digna y los derechos de la población permanente ya instalada.

Cuando la ley cede ante la presión del capital

Bariloche cuenta con un entramado de regulaciones diseñadas para orientar el desarrollo urbano y proteger su valioso entorno natural. Entre las más relevantes se encuentran el Código Urbano (Ordenanza 546-CM-95 y sus modificatorias), que define la zonificación, los usos del suelo, los límites de edificación (FOT/FOS) y las áreas de protección ambiental como las AREI/AREE; la Ley Nacional de Bosques Nativos (Nº 26.331) y su correlato provincial, la Ley Q Nº4552 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que protegen los bosques autóctonos, establecen categorías de conservación y restringen la deforestación; las Ordenanzas de creación y manejo de Reservas Naturales Urbanas (RNU), como la Ord. 2308-CM-12 que consolida varias RNU, incluyendo El Trébol y Morenito-Ezquerra; y el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental Oeste (PDUA Oeste, Ord. 3134-CM-19), un plan específico para una de las zonas más sensibles de la ciudad.

A pesar de este marco normativo, un análisis de los casos expuestos revela un patrón de incumplimiento sistémico. En Villa Huinid, se cuestiona el cumplimiento de las normas de construcción segura y la obtención de permisos en zonas de riesgo.

El proyecto Cerro Lindo desafía abiertamente la restricción de la cota 900 del Código Urbano, amenaza con deforestar bosque nativo protegido por la Ley de Bosques e ignora las advertencias de riesgo geológico del SEGEMAR. La urbanización del mallín de Bahía Serena avanza sobre un humedal que debería ser protegido, contaminando sus aguas. El proyecto CAUMA se emplaza en cercanías de la RNU El Trébol y sobre humedales, eludiendo normativas de RNU y sin la debida participación ciudadana.

El dragado del Arroyo Angostura se realizó en un área intangible del Parque Llao Llao, contraviniendo normativas de protección y la autoridad del Ente gestor. Finalmente, la apropiación de costas del Lago Nahuel Huapi viola el principio de acceso público y las regulaciones sobre la línea de ribera.

Un factor crucial que perpetúa este ciclo de infracciones es la percepción de que las multas son «irrisorias» y que la demolición de construcciones ilegales es prácticamente inexistente. Este panorama de incumplimiento normativo y de desarrollo privado por sobre consideraciones ambientales y sociales se alinea con los preceptos de las políticas urbanas de corte neoliberal.

Para generar las condiciones que impulsan el desarrollo es necesario la desregulación o una interpretación «flexible» de las normas, la mercantilización de la naturaleza y el espacio público, la priorización de la acumulación de capital y el crecimiento económico por sobre la equidad social y la protección ambiental. (La Izquierda diario)