En el marco de los alegatos de clausura del juicio por irregularidades en la construcción de viviendas del programa Techo Digno, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se declare la responsabilidad penal de la ex intendenta María Eugenia Martini y del exfuncionario municipal Alfredo Milano. La sentencia resultante de este juicio se dará a conocer el próximo 30 de marzo.-

La acusación sostiene que Martini actuó como autora de los delitos de defraudación contra la administración pública y peculado, y que Milano participó como partícipe necesario en la maniobra defraudatoria.

“Existió un mecanismo delictivo compuesto por dos piezas fundamentales: una operada desde Nación y otra en el ámbito local, bajo el control de los imputados”, sostuvo la Fiscalía.

En ese sentido, describió que desde la Subsecretaría de Vivienda de la Nación se liberaron fondos millonarios “sin pasar por ningún instituto de vivienda con capacidad para llevar adelante la gestión en Río Negro, sin requisitos o contradiciendo los pocos existentes, sin contar con certificaciones de obra ni con las firmas correspondientes”.

En el ámbito provincial, los acusados “sobre certificaron obras que no habían sido iniciadas, a pesar de que las sumas millonarias ya habían sido depositadas, las cuales fueron utilizadas con otros fines”.

“Martini no podía desconocer que las viviendas no contaban con el grado de avance certificado, y lo que se advierte son claros indicios de un patrón de comportamiento. Se trata de nueve licitaciones: en todas se sobre certificaron trabajos. Esto descarta cualquier error de cálculo o índice inflacionario no contemplado”, enfatizó el fiscal jefe en su alegato.

Hizo especial hincapié en el concepto de “depósito de confianza pública”, al sostener que los acusados quebrantaron la responsabilidad delegada por la ciudadanía para administrar recursos destinados a sectores vulnerables.

Asimismo, indicó que los hechos deben ser analizados como “delitos de posición”, ya que los imputados utilizaron su posición jerárquica para ejecutar una maniobra que afectó gravemente el patrimonio del municipio de San Carlos de Bariloche.

A lo largo de su exposición, detalló las sumas percibidas y remarcó que “a casi dos años, y habiendo cobrado el 82,7 % del contrato, no había en el terreno donde debían estar construidas las viviendas ni un ladrillo ni una pala; un terreno ubicado a 40 cuadras de la intendencia”.

Finalmente, el alegato describió el rol de Alfredo Milano como inspector de obra y pieza técnica necesaria para “inflar” los números que posibilitaron los pagos indebidos a las empresas. “Las sobre certificaciones estaban a su cargo, aumentando los índices de avance para habilitar los pagos”, destacó.

Respecto del delito de peculado, la Fiscalía sostuvo que durante el debate se acreditó que los caudales públicos con destino específico fueron utilizados para gastos corrientes y para constituir plazos fijos, sin ser restituidos al concluir la gestión.

Tras casi dos horas de exposición, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se declare la culpabilidad de ambos exfuncionarios por el perjuicio ocasionado al erario público, en el marco de los delitos de fraude contra la administración pública y peculado —en calidad de autora para la ex intendenta— y de fraude contra la administración pública —en calidad de partícipe necesario para el exfuncionario—.

Por su parte, la defensa de María Eugenia Martini rechazó la acusación y solicitó la absolución. Sostuvo que no existió sustracción de caudales, ya que los fondos permanecieron dentro del circuito financiero municipal. Asimismo, cuestionó la tipicidad del delito de peculado, al señalar que el dinero no salió del ámbito de la administración pública y fue destinado al pago de salarios municipales.

Sostuvo que la decisión de destinar los recursos al pago de sueldos constituyó un acto de gestión frente a una crisis de liquidez, y que la colocación en plazos fijos buscó evitar la desvalorización de los fondos.

Agregó que la falta de restitución inmediata respondió al cambio de gobierno y señaló que el Tribunal de Contralor ya había intervenido en el caso, descartando la existencia de responsabilidad administrativa. Finalmente, en relación con la defraudación, indicó que los pagos se realizaron conforme a los certificados de avance presentados y que no era función de la intendenta realizar el control técnico de las obras.

La defensa de Alfredo Milano también solicitó la absolución de su asistido, se explayó acerca de la acusación, rechazando los argumentos de la fiscalía sobre el perjuicio patrimonial e instando al Tribunal a desestimar la acusación contra el exfuncionario municipal. La sentencia resultante de este juicio se dará a conocer el próximo 30 de marzo.