No podrá acceder a redes sociales ni hablar con su hijo Eduardo y estará las 24 horas monitoreado. Detallaron el lobby de ambos ante el gobierno de Trump para que sancione a Brasil. Fue primicia de LPO. La Policía Federal allanó el domicilio de Jair Bolsonaro ante el riesgo inminente de una fuga en medio del avance del juicio por el intento de golpe en 2023.

LPO adelantó la semana pasada que la Corte Suprema evaluaba ordenar la prisión preventiva por este motivo pero finalmente esa opción se descartó para avanzar en una decisión intermedia de implementar al tobillera.

La Policía Federal también encontró cerca de 14 mil dólares que, según la investigación, podría ser utilizado para el escape. Tener dinero en efectivo en casa no es ilegal, pero las cantidades superiores a US$ 10.000 deben declararse a la Hacienda Pública Federal si la persona entra o sale del país con esa cantidad.

Entre las restricciones impuestas por Alexander De Moraes incluye la prohibición para acceder a las redes sociales, impedimento para comunicarse con Eduardo Bolsonaro y el monitoreo las 24 horas. Asimismo, se encontró una memoria USB y teléfono celular oculta en un baño que fue llevado al laboratorio de la Policía Federal y será analizado por peritos forenses.

El hijo de Bolsonaro también será objeto de investigación por obstrucción de la justicia y atentar contra el país por haber defendido e impulsado medidas coercitivas contra Brasil. Eduardo tendría que volver la semana que viene a Brasil porque se le vence la licencia como diputado pero ante la posibilidad de recibir una prisión preventiva se especula con que renunciará a su cargo para quedarse en Estados Unidos.

A su vez, no se le permite acercarse a ninguna embajada ante la posibilidad de pedir refugio en alguna sede diplomática de gobiernos amigos como Estados Unidos, Argentina o Hungría.

Las alarmas se encendieron no por la jugada de Trump por un supuesto pedido del gobernador de San Pablo, Tarcisio Gomes da Freitas, para que la justicia autorice el viaje de Bolsonaro a Estados Unidos para negociar personalmente con Trump y capitalizar un eventual levantamiento de los aranceles.

Como adelantó LPO con fuente cercanas a la causa, «no hay clima político en el STF para hacer un acuerdo con la pistola de Trump en su cabeza». Sobre esta base, la lectura de Moraes y buena parte de los jueces supremos es que el bolsonarismo busca una intervención de Trump para revertir la situación judicial o forzar una fuga para instalarse en Estados Unidos como perseguido político.

La noche del jueves, Trump escribió y publicó una nueva carta, esta vez dirigida directamente a Bolsonaro, en la que afirma que el proceso en su contra debe finalizar «¡inmediatamente!». «He visto el terrible trato que recibe a manos de un sistema injusto», declaró el estadounidense en una carta con membrete de la Casa Blanca publicada en su plataforma de redes sociales, Truth Social.

El gobierno de Trump también amenaza con imponer sanciones al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, ponente en el caso penal en el que Bolsonaro está acusado de intento de golpe de Estado en Brasil.

La respuesta de la justicia, a través de la Fiscalía General, fue acusar a Bolsonaro de cometer los delitos de tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado, daños calificados con violencia y amenaza grave contra patrimonio federal, deterioro de bienes catalogados y participación en organización criminal.

Estos delitos podrían derivar en una condena de mas de 40 años de cárcel para el ex presidente y los otros 7 acusados.

Lula dio un mensaje televisivo en donde acusa de «traidores a la patria» a los Bolsonaro, dijo no estar dispuesto a «aceptar chantajes» y anuncia que apelará a la OMC y todos los instrumentos legales para enfrentar los aranceles.

El presidente brasileño se está fortaleciendo de esta pelea, con un notorio crecimiento en las encuestas y la unidad de todos los sectores institucionales contra los aranceles.