En la sesión de este martes 15 de octubre, el Consejo Directivo del Centro Regional Universitario de la Universidad Nacional del Comahue aprobó por unanimidad una declaración sobre la ratificación del veto del presidente a la Ley n° 27.757 de Financiamiento Universitario, por parte de la Cámara de Diputados.

Dicha declaración rechaza el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, así como las otras acciones de hostigamiento llevadas a cabo durante el presente año por integrantes del Gobierno Nacional. Además repudia el accionar de los/las diputados/as nacionales que contribuyeron con su voto, abstención o ausencia a la ratificación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, en especial a los/as de la provincia de Río Negro, acotando que este veto daña el presente y el futuro de los y las estudiantes, los y las docentes, los y lastrabajadores nodocentes de nuestra Universidad y de la sociedad en su conjunto.

En su articulado declara personas no gratas en todos los ámbitos de esta Unidad Académica a los legisladores y las legisladoras nacionales que contribuyeron a la ratificación del veto, especialmente a los y las legisladores de Río Negro, a saber: Aníbal Tortoriello del PRO, Sergio Eduardo Capozzi del PRO y Lorena Villaverde de La Libertad Avanza; a la vez que reconoce el compromiso con la educación superior de los 160 diputados y diputadas que votaron a favor de la universidad pública, en particular los diputados Martín Soria de Unión por la Patria y Agustín Domingo, de Juntos somos Río Negro.

Asimismo, solicita elevar esta declaración al Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue.

La declaración señala, en sus considerandos, que desde que ingresó la nueva administración nacional ha desplegado un continuo hostigamiento hacia las instituciones de educación superior y de ciencia y tecnología, por medio de la asfixia presupuestaria, la notable pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras universitarias, la desfinanciación de la Ciencia y la Tecnología, la reducción en la inversión en becas estudiantiles y programas que hacen a la inclusión y permanencia de los y las estudiantes, y que el vetó de la Ley de Financiamiento Universitario ha dañando seriamente el normal funcionamiento y continuidad de la labor de la Universidad.

Además, afirma que existe gran preocupación en la comunidad universitaria respecto del proyecto de presupuesto 2025, en el que el Ejecutivo nacional asigna la mitad de los recursos solicitados por las Universidades.