NO DEBEN ABONARSE. Los legisladores de la CC-ARI Javier Acevedo y Fernando Frugoni presentaron denuncias penales contra las municipalidades de Darwin y General Conesa, por continuar enviando intimaciones a conductores por infracciones de tránsito (control de velocidad por radar) que fueron anuladas por la Ley 5.726, sancionada y promulgada en julio de 2024.

Las denuncias, radicadas en las fiscalías de Choele Choel y Viedma, advierten sobre la posible comisión del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), al persistir en el cobro de actas de infracción que la ley ya ha declarado nulas.

La norma establece en su artículo 4º la nulidad de todas las actas de infracción labradas con anterioridad a su entrada en vigencia, a excepción de aquellas relacionadas con el transporte de arena silícea para actividades industriales. En consecuencia, estas infracciones deben ser archivadas de oficio por los juzgados de faltas correspondientes.

“Un sistema montado para recaudar, no para prevenir y montado por particulares que usan al estado y funcionarios irresponsables”

Acevedo y Frugoni subrayaron que el sistema de radares implementado por algunos municipios, por fuera del esquema establecido por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, fue concebido con fines exclusivamente recaudatorios, sin criterios de prevención, concientización o legalidad efectiva.

“Este mecanismo no fue creado para prevenir siniestros viales ni educar al conductor, sino para sancionar sin controles claros, sin garantías, sin señalización adecuada ni homologación por parte de la autoridad competente”, señalaron. “La ley vino a poner fin a este sistema perverso que solo perjudicaba al ciudadano común”.

Las denuncias presentadas por los legisladores incluyen documentación de intimaciones emitidas en mayo de 2025 por ambos municipios, sobre presuntas infracciones cometidas en octubre y noviembre de 2023 —es decir, anteriores a la promulgación de la ley que anuló su validez.

“Es grave que, a pesar de haber sido informados oficialmente por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, algunos intendentes sigan desconociendo y violando una ley vigente que fue aprobada por unanimidad por la Legislatura”, advirtieron los legisladores.

Finalmente, solicitaron que se investigue la responsabilidad de los funcionarios involucrados y se avance con las imputaciones correspondientes en función de lo que determine la justicia.