La situación actual del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) en Argentina es compleja, con tensiones entre la necesidad de reformar y modernizar el organismo y las preocupaciones sobre posibles recortes y desmantelamiento.De ello pueden dar cuenta los barilochenses que se desempeñan en un lugar tan importante y central para la economía rural de la región.-

Se están discutiendo cambios en su estructura y autonomía, mientras que el organismo sigue desempeñando un papel crucial en la investigación y desarrollo agropecuario.

En sus recientes apariciones televisivas, el ministro de Des-regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, insistió en divulgar información distorsionada sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para justificar despidos, achicamiento, etc que permitan ahorrar más plata al gobierno.-

La frase “el dato mata relato” parece más vigente que nunca, y por eso el Colectivo INTA respondió —una vez más— con datos concretos y verificables sobre esta institución pública clave para el desarrollo agropecuario del país.

Según su propia ley de creación, al INTA le corresponden 411.000 millones de pesos en 2025. Sin embargo, solo se le autoriza a ejecutar 223.000 millones: apenas el 54% de lo que establece la ley. El resto debería dirigirse al Fondo de Tecnología Agropecuaria (Ley 21.680, art. 16), que para diciembre de este año acumularía aproximadamente 520 millones de dólares. (¿Estarán?)

¿No sería lógico destinar esos recursos a programas de desarrollo productivo o, incluso, a una reducción selectiva de retenciones, por ejemplo al trigo, cebada, girasol o sorgo?

Respecto al personal del Instituto:

El INTA emplea hoy cerca de 6.000 trabajadores. El ministro afirmó que “llegó a tener 3.000 en los primeros años del 2000”, pero los registros oficiales muestran que durante el período que menciona había alrededor de 3.600 —y el país salía de una profunda crisis institucional.

Un estudio técnico, encargado durante la gestión 2015–2019 por el entonces Ministerio de Modernización, concluyó que la dotación óptima del INTA debía superar las 6.600 personas. A modo de comparación: organismos similares en Estados Unidos emplean más de 36.000 trabajadores.

Hoy, cada técnico del INTA atiende en promedio a 41 explotaciones agropecuarias, una relación similar a la de países como Francia, Canadá o Uruguay. La crítica al “exceso de personal” no se sostiene con evidencia.

El ministro también aseguró que el INTA tiene 3.000 vehículos. Lo que no explicó es que, distribuidas a lo largo y ancho del país, el INTA cuenta con 53 Estaciones Experimentales Agropecuarias. En cada una de ellas se realizan trabajos de investigación y producción que requieren un parque de maquinarias agrícolas (tractores, cosechadoras, pulverizadoras, etc.), también registrados como vehículos.

Además, no todos los automóviles y utilitarios están operativos: muchas unidades están fuera de servicio o en mal estado, debido a la falta de presupuesto para renovar la flota.

Esta situación afecta de forma directa la capacidad operativa del INTA, especialmente en regiones rurales alejadas y con caminos intransitables. Es decir la única intención e idea es sacarle dinero en dólares al organismo para gastarlo o acumularlo vaya a saber adonde y con fines sólo especulativos y para amigos, creando mayor desempelo e indefensión del campo a lo ya existente.-