En conferencia de prensa, el Sindicato informó hoy que acudió al Superior Tribunal de Justicia para invalidar la Consulta Popular lanzada por el intendente Walter Cortés. Ahora, en el máximo tribunal, habrá otro expediente: uno que ya está rechazado y es el amparo que presentó la asociación de taxistas, y ahora se sumará el del SOYEM.

Esta mañana, en conferencia de prensa, la secretaria general del gremio, Brenda Morales, sostuvo que el referendum “ha sido convocado unilateralmente” y recordó que han impugnado varias resoluciones emitidas por el ejecutivo. Insistió en que la posición del sindicato es que el referendum es «ilegal» porque «va en contra de su estatuto municipal».

La dirigente recordó que «este año ya tuvo un intento de reforma del estatuto a través de un proyecto que fue presentado en el Concejo y por amplia mayoría fue rechazado». Enfatizó que el intendente no tiene facultades de legislar a través del referéndum «es un proceso que se debe dar en el Concejo». Y consideró que «hay una invasión de poderes» y expresó que «no es la manera de gobernar» al tiempo que señaló que debe respetarse la institucionalidad.

«No puede pasar sobre el Concejo y gobernar a través de un referéndum» indicó, y también piden que se quite el punto respecto al estatuto y licencias que se regulan.

“Es un retroceso enorme lo que se está planteando”, señaló Morales y agregó que preocupa el aval y silencio que hay por parte del Tribunal de Contralor. «No vamos a permitir que siga avanzando», aseguró y señaló que seguirán militando para mostrar a la comunidad que esto «no tiene que ver con dar la participación a la gente, es un engaño democrático».

Por su parte, Gonzalo Ojeda, asesor letrado del sindicato, afirmó que “sabemos que el STJ rechazó ya una medida cautelar a los taxistas pero tiene que ver con no resolver el fondo de una cuestión preliminar, lo que requiere el STJ es el interés legítimo, para accionar tenemos que demostrar el interés legitimo, nos pueden gustar o no los otros 9 puntos, pero el que nos genera afectación es la modificación del estatuto”.

Ojeda sostuvo que consideran que viola la Constitución Provincial en los artículos 40 y 41, respecto a las atribuciones y derechos de los trabajadores y también es contrario al artículo 1 de la Constitución Nacional que es la división de poderes.