Un sticker enviado por WhatsApp desató un conflicto familiar. Una mujer denunció al tío de su pareja después de recibir una imagen que calificó como “inapropiada” y “obscena”. Aseguró que el mensaje le provocó miedo y angustia. El hombre reconoció el envío, pero afirmó que se había equivocado y que intentó disculparse. Un Juzgado de Paz de la Línea Sur le impuso una prohibición de acercamiento de 300 metros y le ordenó someterse a una evaluación psicológica.

La denuncia se radicó en una comisaría y ese miso día el Juzgado de Paz tomó conocimiento del episodio a través de la oficina policial especializada en violencia familiar y dispuso las primeras medidas de protección. El conflicto tenía como protagonistas a una mujer y al tío de su pareja. Según relató la denunciante, el hombre le envió un sticker por WhatsApp cuyo contenido consideró fuera de lugar. La imagen le provocó temor, miedo y angustia, por lo que le respondió con una pregunta directa: “¿Estás loco? ¿Por qué me mandaste esto?”.

El contenido exacto del sticker no quedó descripto en la resolución judicial. De hecho, el juez decidió no pedir que se exhibiera la imagen. Explicó que buscaba evitar un mayor sufrimiento a la mujer. En la audiencia, la denunciante ratificó su presentación y pidió medidas de protección.

El hombre, por su parte, admitió que había enviado el sticker, aunque sostuvo que fue por error. Atribuyó lo sucedido a una circunstancia personal vinculada con su salud y afirmó que, en esas condiciones, no sabía lo que hacía. También aseguró que le había pedido disculpas a la mujer y que se presentó en su domicilio para aclarar la situación. Sin embargo, ese acercamiento no resolvió el conflicto.

El juez dejó constancia de que, durante la audiencia, el denunciado no cuestionó la percepción de la mujer sobre el carácter del mensaje. Con las declaraciones de ambas partes, el magistrado consideró que existían elementos suficientes para adoptar medidas urgentes ante un hecho de violencia psicológica y evitar nuevos episodios.

El fallo dispuso la prohibición al hombre acercarse a menos de 300 metros de la denunciante, de su vivienda, de su local comercial y de los lugares donde ella o su grupo familiar se encuentren.

La medida también le impide , amenazarla, acosarla, hostigarla o realizar reclamos personales. La prohibición alcanza los contactos directos, las comunicaciones a través de terceros, las llamadas telefónicas, los mensajes de WhatsApp y las publicaciones en redes sociales.

El fallo ordenó, además, que el denunciado se presente ante un servicio de Salud Mental para una evaluación psicológica. Los profesionales deberán determinar si corresponde un tratamiento y establecer los controles posteriores.

Para la mujer, el juzgado dispuso la intervención del Sistema de Abordaje Territorial, encargado de brindar asistencia en situaciones de violencia. El magistrado advirtió que cualquier incumplimiento de las restricciones puede derivar en multas, arrestos, trabajos comunitarios o una investigación penal por desobediencia judicial.

Las medidas son provisorias y quedarán sujetas a lo que resuelva el fuero de Familia que intervenga en el expediente, remitido a la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Bariloche.