El juez Adrián Dvorzak decidió dar curso a la formulación de cargos contra tres exfuncionarios del gobierno de Arabela Carreras por la compra del avión Cessna Citation V que actualmente el gobierno provincial quiere enajenar a la mitad del precio adquirido. Los ex-funcionarios involucrados son José María Apud, exsecretario general de la Gobernación; Gonzalo Regueira, exsecretario de Administración, y José María Scheverin, exdirector de Aeronáutica.

Fueron imputados por el delito de abuso de autoridad, tras detectarse irregularidades en la adquisición de la aeronave en 2022. La audiencia, que ya había sido postergada dos veces, se llevó a cabo finalmente este lunes. El fiscal Juan Pedro Peralta lidera la investigación y acusa a los exfuncionarios de haber realizado el proceso de compra de manera indebida, sin seguir el marco legal correspondiente, lo que habría provocado un perjuicio económico al Estado provincial.

El avión, adquirido con equipamiento sanitario, tuvo un costo total de 4,2 millones de dólares. Según el fiscal, las irregularidades en la operación podrían haber causado una pérdida de más de un millón de dólares a las arcas públicas. La exgobernadora Arabela Carreras, en una reciente entrevista, evitó profundizar sobre el tema, aunque señaló que Fabián Gatti, actual ministro de Gobierno, fue el fiscal administrativo que impulsó el expediente, solicitando juicios de responsabilidad contra los implicados y el reembolso del dinero malgastado.

Entre las principales irregularidades señaladas por la Fiscalía se encuentran la falta de rigor técnico en la evaluación de costos: Scheverin, en su calidad de director de Aeronáutica, habría presentado un informe de costos carente de fundamentación y documentación respaldatoria, sobreestimando el valor de diversos ítems. , como el avión en sí, la instalación de internet satelital y el equipamiento médico.

Apud y Regueira habrían aprobado y promovido una licitación con un costo estimado significativamente superior al valor de mercado, sin realizar una evaluación exhaustiva de las ofertas y sin justificar debidamente los gastos. Entre las principales pruebas que la fiscalía puso a disposición se encuentra el expediente administrativo de la compra de la aeronave que revelaría una serie de irregularidades en la tramitación y evaluación de las ofertas.

También hay informes del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Contaduría General que corroboran las irregularidades denunciadas. Además se suman un peritaje realizado por la Universidad Nacional de La Plata que concluyó que el valor de la aeronave y sus equipamientos fue sobreestimado. Además de la declaración de varios testigos que sumaron su testimonio al legado.

La defensa de los imputados solicitó la ampliación de varios de los informes presentados y negaron las acusaciones. La audiencia marca un punto crucial en la investigación y podría definir el futuro legal de los ex-funcionarios acusados.-