Concejales de Bariloche debatieron un proyecto del edil Facundo Villalba, de Primero Río Negro, que propone exigir certificados psicofísicos y tests de drogas a funcionarios políticos, para detectar consumo de sustancias ilegales con el propósito de equiparar esta exigencia con las aplicadas a los empleados municipales.

El tema generó un amplio debate, en tanto encontró resistencia en las concejales Laura Totonelli, JSRN; Julieta Wallace, IB; Roxana Ferreyra, Nos Une y Natalia Almonacid, DE JSRN, según publicó un medio local.

En sus argumentos, el autor de la iniciativa manifestó que «este municipio aduce pelear contra las adicciones y la narco-criminalidad, por lo que sumamos tests de drogas para certificar que no existe en nuestros funcionarios un consumo problemático», y enfatizó: «Este es un paso para separar las drogas y el Estado».

También indicó que «a los coordinadores de viaje de egresados les exigen test de droga y no se los exigimos a nuestros secretarios y funcionarios políticos. Estamos peor que los coordinadores de viaje de egresados».

El proyecto de Villalba fue cuestionado por sus pares, donde por ejemplo Laura Tonelli, dijo que esta certificación «pone a la persona en la circunstancia de tener que exponer su situación de salud» (no debería cuestionarse cuando de su existencia depende la legislación o acción de toda una comunidad) y agregó: «Me pongo a pensar en personas que tienen patologías complejas que a lo mejor no quieren dar a conocer. Pienso, por ejemplo, en síndrome de Crohn. Si yo tuviera Crohn, no sé si lo daría a conocer porque es bastante avergonzante. Hay muchas personas que se sienten muy incómodas con su patología». Se preguntó también ¿Quién paga todo esto? ¿El municipio? ¿Los propios funcionarios?

La concejal Julieta Wallace calificó el proyecto como «extremo» y recordó que «para ocupar un cargo como autoridad, la Carta Orgánica Municipal no exige este tipo de requisitos. ¿Por qué nosotros por ordenanza podríamos ir más allá de la Carta Orgánica?» Apuntó que el proyecto de Villalba «no va hacia el cuidado de esa persona, sino al hachazo» (se supone que debe pensarse en el cuidado de la comunidad antes que el personal pero cuando se sancionó la CO este tema no era tan determinante en la comunidad ni en el gobierno).

«Como está encarado el proyecto, parece que castiga y no que previene. Las adicciones son un tema de salud pública. Sin el consentimiento de esa persona que está enferma, no se puede rehabilitar», argumentó por su parte la concejal Ferreyra y señaló que «el proyecto no contempla la ludopatía. Hay muchas personas adictas al juego en todos los estamentos del Estado. El alcohol, que es una droga legal, tampoco está contemplado». (Si bien es una enfermedad no es de aquellas que no se buscan ni se adquieren voluntariamente y eso hace la diferencia)

La concejal Natalia Almonacid, a su vez, argumentó que el proyecto en debate se puede interpretar como una nueva inhabilidad y puso su ejemplo personal que debe tomar medicaciones amplias por haber padecido cáncer de tiroides, señalando que hay mucha complejidad en la exigencia de la declaración obligatoria de tests de droga. (No se puede suponer que no habrá criterios respecto a la droga que se cuestiona, se habla de drogas de consumo voluntario, irresponsable y personal, no de aquellas motivadas por enfermedades tan serias)

El concejal Villalba, insistió en fundamentar por la presentación del proyecto y afirmó que «el adicto es un enfermo, pero no solo hay que preservar a ese enfermo, sino también a todo el entorno. Las adicciones deterioran a la persona que la sufre, pero también al entorno laboral y a los vecinos» y señaló que «no estamos hablando de un trabajo normal. SER FUNCIONARIO NO ES UNA BECA, NO ES UN LUGAR PARA QUE VENGAN A HACER REHABILITACIÓN. Si no están capacitados por deterioro en cuanto al consumo de sustancias ilegales, no es el Estado el lugar».-

Este tema de pedir certificado de tests de drogas a funcionarios políticos genera polémicas en todos los ámbitos donde se requiera su aplicación en tanto interpela sobre la privacidad de los actos del sujeto de aplicación. Esa privacidad deja de serlo cuando afecta y pone en riesgo a la comunidad, QUE NO QUIERE FUNCIONARIOS ENFERMOS NARCO-DEPENDIENTES, como no quiere ladrones, estafadores, feminicidas, golpeadores, etc si se ha procesado y sancionado esas conductas.-