El Superior Tribunal de Justicia, mediante Acordada, dispuso “poner en funcionamiento la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa (UJCA) N° 13 de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche”. Lo tiene a su cargo el Dr. Roberto Ivan Sosa lukman (en la foto tras el juramento con la Dra. Cecilia Criado vocal del STJ).-

En la determinación se estableció que las causas que ingresen a partir de hoy, en las que sean parte demandante o demandada el Estado provincial o los Municipios de la Tercera Circunscripción tramiten ante la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa a través de la Oficina de Tramitación Integral Civil y Contencioso Administrativo (OTICCA).

También se determinó que las causas de ese tipo que se encuentren en trámite ante los juzgados civiles, de Paz y el multifueros de El Bolsón pasen al nuevo organismo. Taxativamente, la Acordada incluyó “las ejecuciones de sentencia en los procesos de ejecución fiscal”; los procesos en los que no se haya celebrado la audiencia preliminar del artículo 17 del Código Procesal Administrativo, los procesos en los que se ha realizado la audiencia del artículo 17 del Código Procesal Administrativo y no tienen llamado de autos para sentencia. Quedan exceptuados aquellos en los que las partes se opongan en el término de cinco días”.

Luego, establece los diferentes mecanismos para la transición. Oportunamente, el Consejo de la Magistratura designó al juez Roberto Iván Sosa Lukman y a la secretaria Mariela Capellino en el fuero Contencioso y concluyó el proceso, previsto en la Constitución de 1988, para los juicios en los que el Estado sea parte.

El fuero Contencioso Administrativo fue incorporado en la reforma constitucional de 1988: allí se previó la creación de un fuero especial para los juicios a favor y en contra del Estado. En el año 2015 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) generó un proceso de iniciativa legislativa, como primer paso para implementar el fuero. En 2016 se sancionó la ley que aprobó el Código Procesal y estableció un plazo de cinco años para su implementación.

En 2020 se sancionó una modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial y se incorporó el fuero especial en lo Contencioso Administrativo. Al año siguiente se puso en funciones el primer juez y el primer secretario Contencioso Administrativo en Viedma. Luego, se incorporó el mismo esquema en Roca y, finalmente, en Cipolletti. Solo restaba la puesta en marcha en Bariloche.