Un hombre se quemó el rostro, el cuello y los brazos cuando estaba trabajando en un campo del Valle Medio. Estaba secando una capa de pintura con un soplete cuando la acumulación de gases dentro del aljibe generó la explosión que le causó quemaduras en el 17 por ciento del cuerpo.

Pese a todo, el hombre llegó lúcido, caminando por sus propios medios y compensado al hospital de Choele Choel. En la primera semana de internación tuvo “buena evolución” y “franca recuperación”, según dice la historia clínica.

Sin embargo, 10 días después del accidente murió por una gastritis hemorrágica, una masiva pérdida de sangre que se agravó durante un traslado en ambulancia, en estado crítico, a un centro de mayor complejidad.

El desafortunado trabajador tenía 34 años y tres hijos: uno de 5 años con la mujer que era su pareja al momento del accidente y otros dos, de 10 y 13 años, con una pareja anterior. En expedientes separados, ambas madres, en nombre de los chicos, decidieron iniciar acciones ante la justicia: primero fue una causa penal por homicidio culposo contra el médico responsable del tratamiento, que finalizó en 2019 con una absolución por razones procesales. Tras eso vinieron las demandas de daños y perjuicios.

La mamá del más pequeño demandó al médico, a la aseguradora del profesional, a Salud Pública de la provincia y al seguro oficial. En tanto que la mamá de los dos mayores demandó únicamente a la provincia. Las dos tuvieron sentencias favorables en primera instancia y las decisiones fueron ahora confirmadas por la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Roca.

En ambos casos, el grueso de las indemnizaciones para los hijos fue por daño moral y pérdida de chance. Con la actualización de intereses desde el momento de la mala praxis hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, cada condena supera los 8 millones de pesos.

Las pericias determinaron que el hombre falleció por una pérdida masiva de sangre derivada de una gastritis hemorrágica. Se acreditó que la atención médica fue deficiente, especialmente a partir del noveno día de internación, cuando el paciente empezó a manifestar el sangrado.

Un perito destacó que una endoscopía practicada a tiempo -o una derivación oportuna a un centro de mayor complejidad donde sí se pudiera realizar esa práctica- hubiera permitido diagnosticar y localizar la hemorragia para poder definir un tratamiento apropiado.

Las pericias señalaron también que este tipo de complicaciones son previsibles en personas que son sometidas a altas dosis de analgésicos y corticoides. El hombre falleció a poco de llegar al hospital de Roca, luego de sufrir tres infartos en un marco de descompensación generalizada.

En el juicio del hijo menor, el médico y la aseguradora aceptaron la condena de primera instancia y no avanzaron con el recurso de apelación ante la Cámara. La provincia, en cambio, planteó la apelación que fue rechazada en forma integral.

En el juicio de los hijos mayores, tras la apelación de Salud Pública, la Cámara Civil confirmó la mayor parte del fallo que había emitido el Juzgado de Primera Instancia de Choele Choel y únicamente redujo el rubro indemnizatorio por pérdida de chance.