El Comité de Derechos Humanos de la ONU culminó su período de sesiones ordinarias sin abordar la solicitud presentada por Cristina Fernández de Kirchner. La defensa de la expresidenta había tramitado una medida provisional pidiendo la suspensión de los efectos de su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Esta medida es el resultado de una condena judicial en su contra en la causa «Vialidad», una sentencia que también implica seis años de prisión.

Ante la demora en el tratamiento, todo indica que la revisión de esta presentación no se efectuará hasta marzo del próximo año, cuando el Comité retome sus actividades. La defensa de Fernández de Kirchner, integrada por Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, presentó el reclamo ante el Comité, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron.

En su solicitud, los abogados han enfatizado tres puntos. Primero, buscan que se suspenda la inhabilitación para presentarse a cargos públicos. En segundo lugar, piden una revisión de las condiciones de su arresto domiciliario. Finalmente, argumentan la necesidad de una recomposición de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación, al alegar que no es adecuada su operatividad con el número actual de miembros.

Cabe destacar que, más allá de la solicitud inicial, se presentó un documento adicional ante el Comité, que contiene una actualización sobre la situación de la exmandataria. Según Valim, esta adenda introduce «tres hechos sobrevenidos de especial relevancia». Por un lado, se han denunciado actos de intimidación sufridos después de que la solicitud fuera pública. Asimismo, se ha presentado una nueva prueba que pone en duda un elemento esencial de su condena, procedente de la causa «Cuadernos».