El presidente Javier Milei volvió a arremeter contra la prensa, al calificar de “basuras inmundas” a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, así como a las autoridades del canal Todo Noticias. Además, los acusó de ser “delincuentes” y de haber cometido un “delito grave”, en el marco de la denuncia oficial que los vincula con una supuesta campaña de “espionaje ilegal” contra la administración nacional.

La escalada del conflicto se produce luego de que el Gobierno eliminara el registro de huellas dactilares y prohibiera el ingreso a trabajadores de prensa. Milei consignó que el comportamiento de los involucrados evidencia una “malicia” manifiesta y una supuesta complicidad por parte de la producción del medio.

El mensaje, que cerró con un irónico “¡CIAO!”, se produce en un contexto de extrema tensión entre el Poder Ejecutivo y los periodistas que cubren la gestión de extrema derecha. Esta nueva agresión no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una política sistemática de confrontación con la prensa.

Hace apenas unos días, la gestión nacional oficializó el cierre de la histórica sala de periodistas de la Casa Rosada, al restringir el acceso de los acreditados y limitar la circulación de información en la sede de gobierno.

Esta decisión fue interpretada por diversas asociaciones de prensa como un intento de cercenar la libertad de expresión y dificultar el control ciudadano sobre los actos de los funcionarios públicos.

La lista de ataques previos del presidente es extensa y ha afectado a diversos medios y cronistas. Desde calificar de “mentirosos” a periodistas que cuestionaron sus cifras económicas, hasta tildar de “ensobrados” a quienes investigan su entorno, Milei mantuvo una conducta de hostigamiento verbal constante.

Voces de peso en el periodismo nacional denunciaron que este tipo de retórica no solo degrada el debate público, sino que incita a la violencia digital contra los trabajadores de prensa por parte de militantes y seguidores de la fuerza gobernante.

“Han cometido un delito grave y deberían pagar por ello. El comportamiento de los involucrados luego de lo ocurrido muestra la malicia de los periodistas y la complicidad de las autoridades”, sentenció el Presidente en su tuit, aunque no especificó a qué hecho delictivo hacía referencia técnica, en su voluntad de contaminar con lo que encuentre para desviar la atención pública.-

Mientras el Gobierno insiste en que su postura es una defensa contra las “fake news”, desde los organismos de libertad de expresión se advierte que el uso del aparato del Estado para perseguir y estigmatizar a quienes opinan distinto representa un peligroso precedente para la democracia argentina. (Minuto Uno y propia)