Un ganado compuesto por 23 vacas, 4 terneras y 4 terneros desapareció sin explicación de un establecimiento rural de La Pampa. La hacienda había quedado en el campo tras el vencimiento de un contrato de arrendamiento. El hombre intentó recuperarla, pero la tranquera tenía un candado nuevo y nunca más pudo ingresar. Incluso el terreno fue alquilado a otro productor. El caso llegó al fuero Civil de Roca que responsabilizó a la propietaria por la desaparición del ganado: recientemente La Cámara Civil confirmó el fallo.

El campo, de 1.515 hectáreas, había sido alquilado para explotación ganadera. El acuerdo se firmó en 2017 con vencimiento en julio de 2020. Establecía un máximo de 200 vacas o 150 terneros y fijaba el precio del alquiler en kilos de carne según el mercado de Liniers.

Aunque el contrato terminó, el productor siguió ocupando el predio con consentimiento tácito de la dueña, quien incluso aceptó pagos posteriores. Pero en algún momento la relación se quebró: la arrendadora cedió el campo a un nuevo ocupante, cambió el candado y bloqueó el acceso sin previo aviso.

Lo que siguió fue una serie de denuncias, gestiones y reclamos. El productor informó que no podía retirar su hacienda. SENASA confirmó que, meses después del vencimiento del contrato, los animales todavía estaban dentro del campo, inscriptos a su nombre. En febrero de 2021, incluso fueron vacunados por el organismo sanitario. Pero más adelante, cuando se intentó constatar nuevamente su presencia, ya no estaban. Se labró un acta dando de baja al rodeo y se cerró el registro oficial.

El productor demandó por daño emergente, lucro cesante y daño moral. Alegó que la desaparición de su hacienda le había generado una pérdida millonaria, además de exigencias administrativas e intimaciones por parte del SENASA por no poder cumplir con los deberes sanitarios.

La dueña del campo, en cambio, negó responsabilidad y sostuvo que el productor debía haberse retirado al finalizar el contrato.

En primera instancia, el fuero Civil de Roca le dio la razón al productor y condenó a la arrendadora a pagar más de 36 millones de pesos. Consideró que la desaparición de la tropa ocurrió mientras los animales estaban dentro del campo y bajo su control. También valoró que había bloqueado el ingreso, impidiendo la recuperación. El fallo rechazó una contrademanda por presunto incumplimiento contractual, al entender que los pagos estaban acreditados y que el conflicto derivaba del accionar de la demandada.

La mujer apeló. Pero la Cámara Civil de Roca confirmó íntegramente la sentencia. Sostuvo que había prueba suficiente de la existencia, permanencia y posterior desaparición de la hacienda: actas oficiales, informes de SENASA, constancias de vacunación y testimonios.

La clave, para los jueces, fue la inacción de la arrendadora ante una situación que requería colaboración. Cerró el campo, entregó la llave a un tercero, y luego se desentendió de la tropa que seguía dentro.

El tribunal también validó la indemnización por daño moral. El productor fue perjudicado por la pérdida de su capital, por la imposibilidad de trabajar con los animales y por las consecuencias administrativas derivadas.