Un fallo civil resolvió un conflicto con una vivienda que, en apariencia, tenía dos propietarios distintos. En efecto, un hombre compró un departamento, pero tiempo después, cuando fue a retomar tareas de refacción, advirtió que estaba habitado por una mujer que exhibió un boleto de compra y venta.

En sede judicial de Viedma se debió resolver si la anterior propietaria había vendido la propiedad a dos personas diferentes. El conflicto comenzó cuando el titular registral del inmueble inició la acción judicial para recuperar la unidad. Según expuso en su presentación, había adquirido el departamento hacia fines de 2022 y tomó posesión efectiva para iniciar tareas de reacondicionamiento y refacción.

Durante esos trabajos, relató que detectó un problema grave en las instalaciones internas: cañerías de gas empotradas en muy mal estado, con riesgo de fuga y explosión. Por consejo de un gasista matriculado, decidió frenar las obras para evitar un accidente. Aun así, continuó con algunas mejoras externas y utilizaba el lugar para la guarda de materiales.

Sin embargo, dos meses después fue al inmueble y se encontró con que había sido ocupado por terceros. Esa situación motivó una denuncia policial inmediata. Afirmó que intentó en reiteradas oportunidades lograr una desocupación voluntaria, pero ante la falta de acuerdo promovió el juicio de desalojo.

La ocupante, al contestar la demanda, negó los hechos y sostuvo que no se trataba de una intrusión sino de una compra legítima. Indicó que había visto la vivienda ofrecida en venta en redes sociales, se contactó con la dueña anterior y firmó un boleto de compraventa, además de entregar dinero en el acto. Para respaldar su versión, acompañó ese contrato privado como prueba.

Esa documentación se convirtió en el punto central del caso. La cuestión se esclareció durante el proceso judicial. En agosto de 2024, la presunta vendedora compareció ante el tribunal y, al ser exhibido el boleto, no lo reconoció. Expresó que la firma inserta no le pertenecía y negó haber celebrado operación alguna con la demandada.

Luego, un informe pericial caligráfico confirmó esa versión. El perito concluyó que la firma del contrato era falsa. Además, el expediente incorporó testimonios sobre la posesión del actor luego de la compra. Un albañil que realizó tareas de remodelación explicó que concurría al departamento con llaves provistas por el propietario y que el lugar permanecía cerrado y bajo su control. Señaló que trabajó allí aproximadamente a fines de 2022 y que no advirtió ocupación de terceros.

El juez valoró esa prueba en conjunto y consideró acreditado que el inmueble se encontraba desocupado al momento de la venta. El magistrado ordenó el desalojo del departamento y fijó un plazo de 45 días para la desocupación voluntaria. Dispuso que, en caso de incumplimiento, se podrá ordenar la medida con intervención de la fuerza pública.