El Bloque de Legisladores de Unidad Ciudadana presentó un proyecto de Ley para poner en debate la posibilidad de ampliar la base de financiamiento del sistema previsional de los médicos rionegrinos cuya jubilación, en muchos casos, está por debajo de la línea de pobreza.

En los fundamentos del texto se explica que los médicos de la provincia de Río Negro están obligados, por ley, a hacer un aporte para su seguridad social a una caja específica. A diferencia de otras provincias, esta caja solo recibe los aportes de sus afiliados. “Si bien los aportes en muchos casos son altos, la jubilación que reciben es muy baja», explicó el legislador Ramón Chiocconi.

Si se compara la relación de los aportes y beneficios jubilatorios entre los médicos de la Caja y los de un trabajador en relación de dependencia, se pueden observar las consecuencias cuantitativas de la falta de contribuciones patronales o de otros actores del sistema de salud.

«Un médico con aportes nivel 3 (el mínimo que un afiliado puede abonar) desembolsa un total de $26.582 al mes y recibiría, de jubilarse el mes entrante, una prestación mensual de $83.225. En tanto, un trabajador en relación de dependencia, con el mismo monto de aportes y con el mismo puesto laboral durante los últimos 10 años, percibiría una jubilación del orden de los $198.758 pesos mensuales», indicó el parlamentario.

Chiocconi agregó que con este proyecto se busca que la comunidad vinculada, es decir, todos aquellos actores que necesitan sí o sí de la prestación del profesional médico para lograr su fin orgánico, su razón de ser, que es brindar cobertura de salud a sus afiliados, clientes o pacientes, con o sin fines de lucro, contribuyan al financiamiento del sistema previsional médico. Así, prepagas, obras sociales y empresas de seguros de salud, realizarán aportes que van desde el 1,5% al 4% del honorario médico facturado.

“La situación es realmente crítica, al punto que obliga a más del 50% de los jubilados actuales a seguir trabajando prácticamente hasta el final de sus vidas, lo que se constituye en un verdadero atentado a la dignidad del adulto mayor”, remarcó el Legislador.

“Además impide la renovación del personal médico, obligando a muchos profesionales especializados a trabajar en ámbitos para los cuales no se especializaron, generando sobreoferta laboral en dichos espacios y, como consecuencia, peores condiciones laborales que inevitablemente deterioran la atención médica brindada a la comunidad», finalizó.