En el marco del tratamiento del proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, que será debatido mañana en la Legislatura de Río Negro, el bloque del Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE) presentó una propuesta de modificación para incorporar a las cooperativas y organizaciones de la economía social al régimen de prioridad en las contrataciones que realiza el Estado provincial de bienes, servicios y obra pública.

El proyecto oficial busca modificar el actual régimen de prioridad previsto en la Ley J Nº 286, que hasta el momento se aplica a la adquisición de bienes y servicios, para extenderlo también a la obra pública provincial.

La modificación presentada por el bloque PJ – NE propone sumar también a las cooperativas, mutuales y otras entidades de la economía social y solidaria radicadas en Río Negro, al listado de sujetos beneficiarios de esta prioridad. “Proponemos una mejora concreta al proyecto del Ejecutivo, para que también las cooperativas puedan acceder a esta ventaja en igualdad de condiciones que las empresas locales”, explicó el legislador Leandro García.

El proyecto del Ejecutivo establece que, en contrataciones de obra pública, las empresas rionegrinas podrán acceder a una preferencia de hasta un 5% sobre oferentes de otras provincias, e incluso igualar la oferta si la diferencia no supera el 8%. El bloque PJ – NE busca que esta herramienta también se aplique a las cooperativas, que hoy enfrentan una situación crítica.

“La caída del consumo, el ajuste en la obra pública y el aumento de tarifas que lleva adelante el gobierno nacional pone en jaque a las pymes rionegrinas”, sostuvo García. “Por eso es fundamental que la provincia impulse políticas que fortalezcan a quienes sostienen el 80% del empleo en Río Negro”.

El legislador también destacó que Río Negro cuenta con más de 450 cooperativas y más de 50 mutuales, muchas de las cuales cumplen funciones esenciales en sus comunidades. “Estos actores promueven un desarrollo sustentable en lo económico, social y ambiental, y muchas veces llegan donde ni el Estado ni el mercado logran hacerlo, como lo demuestra el caso de Cotravame”, subrayó.

“Frente al impacto de las políticas del gobierno nacional, proponemos que estas organizaciones también puedan ser parte del régimen de preferencia en la obra pública. Es una herramienta concreta para proteger el trabajo, fortalecer la economía regional y sostener el entramado social de Río Negro”, concluyó García.