Legisladores de Unidad Ciudadana solicitan que se investigue este nuevo hecho que viola la intimidad de la víctima, poniéndolo en peligro a él y a sus allegados

El Bloque de Legisladores de Unidad Ciudadana repudia el accionar del expolicía federal, Ariel Zanchetta, eje principal de la investigación por el espionaje ilegal a jueces, funcionarios, senadores y diputados, entre otros, quien tenía en su poder una lista de casi 1.200 políticos y figuras públicas que fueron objeto de seguimiento.

Zanchetta había sido detenido por espiar a jueces federales y ministros de la Corte Suprema. Luego de los allanamientos y las pericias sobre su teléfono y computadoras, el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, dio por acreditada “la existencia de al menos 1196 informes de inteligencia en la notebook” del expolicía.

Entre las víctimas del espionaje ilegal aparece el senador rionegrino Martín Doñate, quien ya había sufrido una situación similar en mayo pasado, cuando bajo la órbita del exjefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta se utilizaron datos biométricos del RENAPER para investigarlo ilegalmente a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, encabezado por Marcelo D’Alessandro.

También había sido víctima de espionaje ilegal durante el Macrismo, en su etapa a cargo de la AFI, cuando le “pincharon” su casilla de emails desde la agencia de inteligencia, delito por el cual hoy existe una causa penal.

En muchos de estos documentos se observa que la información volcada no se limita a la persona sobre la que se centró la actividad investigativa, sino que también avanza sobre personas que tendrían vínculos familiares, sentimentales o comerciales con la persona objeto del informe.

“Estos hechos nos recuerdan los momentos más oscuros de la Argentina. Los espionajes ilegales son una grave violación a la intimidad de las personas y pueden poner en peligro no solo a la víctima, sino también a sus allegados”, expresó el presidente del bloque Unidad Ciudadana, Daniel Belloso.

Agregó además, que “este tipo de prácticas ilegales pueden ser utilizadas con fines políticos o para obtener información confidencial y usarla en contra de la persona espiada. Es fundamental que se investiguen estos hechos y se tomen medidas para prevenir futuros casos de espionaje ilegal. La privacidad y la seguridad de las personas deben ser protegidas en todo momento”.