En una acción conjunta, los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa, notificaron por Carta Documento al Estado Nacional respecto de la gestión de concesiones hidroeléctricas en la región. Lo hicieron en defensa de los recursos naturales de las provincias y buscando establecer un claro precedente.

El mandatario rionegrino envió una carta documento dirigida al Ministerio del Interior, sustentada en los artículos 1°, 5°, 121 y 124 de la Constitución Nacional, que establecen el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, así como en los artículos 70, 71 y 81 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, que refuerzan la propiedad originaria de los recursos naturales en su territorio, dejando en claro la potestad de la provincia para controlar y regular el uso de estos recursos.

Por su parte, el gobierno de Figueroa envió carta documento al secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, en la que indica que ante la falta de respuestas y de evasivas por parte del Estado Nacional, la provincia se ve forzada a intimar y exigir que se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión o medida respecto de las represas, sin antes dar participación a la provincia.

Refirió a los aprovechamientos hidroeléctricos de los ríos Limay y Neuquén y puntualmente a las concesiones de El Chocón, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados y Arroyito, cuyos períodos de transición fueron reciente prorrogados.

El foco de las intimaciones recae, precisamente, en el inminente vencimiento de los períodos de transición de las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén.

Los Gobiernos de Río Negro y de Neuquén exigen que el Estado Nacional, y sus dependencias, se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de dichos complejos hidroeléctricos sin obtener previamente el consentimiento de las provincias.

Las notificaciones advierten que cualquier acción unilateral por parte del Gobierno Nacional será considerada inválida y carecerá de derechos frente a la provincia. Además, se subraya la posibilidad de iniciar acciones legales contra los eventuales concesionarios o explotadores de los recursos, en caso de no respetarse las disposiciones provinciales.

Esta acción por parte de las provincias dueñas de los recursos naturales establece un importante precedente en la relación entre el poder central y las provincias en materia de gestión de recursos naturales. Asimismo, evidencia la firme determinación de proteger sus intereses y ejercer su autonomía en este ámbito crucial para su desarrollo y sustentabilidad.

Los Gobernadores aspiran a la posibilidad de abrir un diálogo constructivo con el Gobierno Central que respete los principios constitucionales y las competencias provinciales, en aras de encontrar soluciones que beneficien a ambas partes y promuevan un uso responsable de los recursos naturales en la región.