La visita del presidente israelí Benjamín Netanyahu a la Argentina y su amigo Milei, pende de un hilo. La llegada está prevista para el mes de septiembre pero en el gobierno de Israel preocupa la orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) que pesa sobre el premier desde fines del año pasado, por crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

Esto abre un dilema para el gobierno de Javier Milei porque Argentina es miembro de la CPI y debería responder a esa orden. Los Estados parte del Estatuto de Roma, el que establece la creación CPI, tienen un deber de cooperación con el tribunal.

Si bien la CPI no tiene poder de policía propio depende de los Estados para la ejecución de esas ordenes y en este caso, un juez debería actuar a pesar de la resistencia del Poder Ejecutivo.

El Estatuto de Roma dice que en caso de no dar lugar a esta situación podría aplicarse una «constatación de falta de cooperación». «Cuando, en contravención de lo dispuesto en el presente Estatuto, un Estado Parte se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada por la Corte, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el presente Estatuto, ésta podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si éste le hubiese remitido el asunto», detalla el artículo 87 inciso 8 del Estatuto.

Un diplomático que trabaja en temas legales dijo a LPO que «es más una presión diplomática que otra cosa. Nótese el «podrá». Es discrecional». Este mismo diplomático advirtió que «sería raro que Netanhayu se arriesgue a venir a la Argentina, que es signataria del tratado del CPI, con que un sólo un fiscal decida hacer algo, ya tendríamos un escándalo diplomático».

De hecho, desde que la CPI falló en su contra, Netanyahu redujo al máximo sus viajes al exterior. Si visita Estados Unidos porque ese país no firmó el tratado de creación de la CPI. Un caso similar es el de Vladimir Putin que enfrenta una condena similar y decidió no viajar a la cumbre del G20 de diciembre de 2024 en Río de Janeiro o la cumbre de los BRICS en Sudáfrica, porque esos dos países son miembros de la CPI. El líder ruso solo se arriesgó a viajar a Mongolia, como publicó en su momento LPO.

Otro ejemplo, adelantado en exclusiva por LPO, es el de Nicolás Maduro, que en enero de 2023 decidió no asistir a la cumbre de la Celac en Buenos Aires, invitado por Alberto Fernandez. En ese momento, Patricia Bullrich exigió que el líder venezolano sea detenido por una orden de arresto idéntica a la que tiene Netanyahu.

Una fuente que trabaja en la Corte Suprema aclaró a LPO que el máximo tribunal no recibió todavía ninguna notificación del fallo de la CPI contra Netanyahu, pero un diplomático con experiencia en estos temas legales confirmó que no es necesario. «Con que un juez tome el caso, alcanza», apuntó.

Milei sostiene una alianza muy estrecha con el gobierno de Netanyahu que se expresa en en el anuncio durante su última paso por Tel Aviv de trasladar la embajada a Jerusalén en 2026. De hecho, el gobierno criticó la decisión de la CPI de ordenar el arresto de funcionarios israelíes aunque nunca puso en duda su condición de miembro de ese tratado.

La eventual visita de Netanyahu se produciría además en medio de una fuerte tensión internacional por las denuncias de genocidio en la Franja de Gaza a la que se han sumado sectores del propio Israel y países europeos como Francia y Reino Unido, que anunciaron el apoyo a la creación del estado palestino.

El exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, afirmó en declaraciones al diario Perfil que la denuncia por crímenes de guerra en Gaza contra el líder israelí impedirá su ingreso al país y planteó que si viene a la Argentina «lo va a esperar algún juez que ordene su arresto».

Moreno Ocampo dijo que «lo que ocurre en Gaza ahora se hace patente y los medios lo reflejan porque salieron fotos de los niñitos desnutridos. Los políticos internacionales, incluyendo a Donald Trump y al canciller alemán lo plantean como un tema de ayuda humanitaria, de crisis humanitaria, como si fuera un tsunami natural y no un acto producido por una política».

Moreno Ocampo insistió que «la Corte Internacional de Justicia dijo, ya hace más de un año, que hay riesgo de genocidio. Es lo que la Corte puede decir ahora, porque no puede decir que hay genocidio, pero sí un riesgo de genocidio.

Y la Corte Penal Internacional fue mucho más lejos y lo procesó penalmente al exministro de Defensa Yoav Gallant, por exactamente lo que está ocurriendo ahora: por el crimen de someter por hambre a la población civil de una sociedad. Eso está prohibido clarísimamente». (LPO y propia)