Tenso encuentro, con cruces verbales, supuestas prohibiciónes luego permitidas y una sensación de descreimiento respecto a las intenciónes de CAPSA y permisividad del Municipio, fue el que se desarrolló hoy en el edificio municipal de la Delegación Sur, ex Dinara.-

El Plan de Desarrollo Urbano Ambiental del Cerro Catedral es un instrumento de planificación impulsado por el Municipio en el marco de la concesión del centro de esquí, con el objetivo de ordenar el crecimiento urbano, turístico y de servicios en el área del cerro bajo criterios ambientales y urbanísticos.

El plan surge como una obligación establecida en la Ordenanza 2929-CM-2018, que prorrogó y adecuó el contrato de concesión del Cerro Catedral y exigió la elaboración de un plan integral para regular futuras intervenciones.

El proyecto está enmarcado en la concesión de Catedral a CAPSA Alta Patagonia, que tiene la concesión hasta 2052 y autoriza innovaciones basadas en estudios de impacto ambiental. El Consejo de Planificación Municipal se reunió este lunes en la Delegación Sur para analizar el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental del Cerro Catedral, en un encuentro marcado por el severo  cuestionamiento de juntas vecinales y organizaciones ambientalistas.

El plan abarca «aproximadamente 77 hectáreas, que representan cerca del 4% de la superficie concesionada del Cerro Catedral» precisó Sofía Maggi, Secretaria de Planeamiento Municipal, focalizándose principalmente en sectores de la base del cerro y áreas de ocupación ya intervenidas o con potencial de desarrollo concertado.

Desde el municipio afirman que no implica urbanizar todo el cerro, sino ordenar y regular áreas específicas. El plan debe atravesar el procedimiento de Rango I, que incluye consulta pública, análisis por el Consejo de Planificación Municipal y observaciones del Consejo de Planeamiento Estratégico.

Uno de los puntos más álgidos fue la presentación del informe ambiental realizado por la empresa concesionaria, que generó fuertes críticas por considerarlo no objetivo y representar un conflicto de intereses. Las Juntas Vecinales solicitaron que el informe de impacto ambiental, sea realizado y presentado por el municipio de Bariloche.

Hay dos impugnaciones al proyecto dijo la funcionaria, indicando que una es del concejal Leandro Costa Brutten y la otra de grupos ambientalistas y que están en trámite administrativo y serán incorporadas al expediente.

«Se trata de ordenar 77 hectáreas, los servicios de agua, cloaca, electricidad y empleo. Entiendo los miedos legítimos respecto a la ruta de acceso al agua, son miedos válidos y los comparto como barilochense. Este consejo no va a aprobar nada hoy, es escuchar propuestas antes de una audiencia pública y la definición del Concejo Deliberante para enriquecer el expediente», expresó la funcionaria.

Se vivieron momentos incómodos ya que en un primer momento no se les permitió el ingreso a varias juntas vecinales pero, tras un momento de tensión con la policía lograron finalmente acceder al recinto y participar de encuentro.-