El defensor de la exintendenta María Eugenia Martini, Dr. Sebastián Arrondo, hizo un planteo preliminar de atipicidad que aún no se había ensayado (los demás fueron rechazados) y el Juez Dr. Marcelo Álvarez Melinger dispuso un cuarto intermedio de 24 horas para resolverlo. De este modo otra vez la fiscalía no pudo controlar la acusación que pretende llevar a juicio oral y público.-

Arrondo analizó que el caso “tiene que resolverse con un sobreseimiento o absolución” y sostuvo que la conducta de sustraer que le atribuyen a su asistida implica también un ánimo de no restituir el fruto de esa maniobra y que además la operatoria dispuesta por el municipio superó todos los canales de control.

La exintendenta, el ex responsable de Obras del municipio y el empresario de Oriente Construcciones, están acusados por el manejo irregular de los fondos provenientes del programa Techo Digno, mediante el cual el municipio recibía el dinero de Nación, para la construcción de distintos planes de viviendas y luego de las certificaciones de obra lo distribuía.-

En el caso ya se había dispuesto el sobreseimiento definitivo de Alberto Usandizaga, titular de la firma Alusa SA, producto de un padecimiento de salud mental que le impide defenderse y enfrentar un proceso judicial en su contra.

El fiscal jefe Martín Lozada pidió rechazar los planteos preliminares del defensor Arrondo y enfatizó que existió un plan doloso con voluntad de sustraer y conocimiento pleno de la anti-rreglamentariedad de las maniobras desplegadas, al punto que el fraude estuvo dado porque se pagó “mucho más de lo que se debía a las empresas constructoras, por viviendas que inclusive al día de hoy, aún no están terminadas”

Según la teoría acusatoria que promueve, basado en las certificaciones de obra fraguados o sin respaldo del avance real de las obras, Martini, Milano, Castelli y el propio Usandizaga –ahora sobreseído–, certificaban los trabajos en mayor proporción de lo que se estaban llevando a cabo con obras millonarias.-

Se construían dos planes de 376 y 495 viviendas y así lograron defraudar al Estado cobrando más de lo que correspondía de acuerdo al avance real de las obras. Ahora el Juez decidirá si continúa el juicio o no.-