Nota de opinión de Silvina Garcia Larraburu (*): Una vez más, como pasó con la Ley de Movilidad Jubilatoria, Diputados avaló un veto de la crueldad. Pero lo que es peor, están arremetiendo contra un sector clave y estratégico para el futuro del país. La Ley de Financiamiento a las Universidades Nacionales sólo buscaba recomponer el presupuesto de las casas de estudios, y los salarios de los docentes y no docentes acorde a la evolución de la inflación de este año.

No era un proyecto ambicioso, como fue la sanción en 2006 de la Ley de Educación que fijó la inversión del 6% del PBI; aspecto que ahora quieren suspender en el presupuesto 2025; Y claramente es mucho menos audaz que el proyecto que presentó nuestro espacio político a fin del año pasado que la elevaba del 6% al 8% del PBI; del cual un 1,5% iba a estar destinado a la educación universitaria.

No pretendíamos que este gobierno incremente la inversión educativa. Pero sí, impedir que las Universidades Nacionales entren en su licuadora. Por eso es falaz el argumento del desequilibrio fiscal. La propia Oficina de Presupuesto del Congreso, evaluó que su implementación sólo implicaría un costo adicional del 0,14% del PBI.

Este fue un veto completamente ideológico. Frente a quienes piensan que la educación debe ser un derecho de pocos, de quienes puedan pagarla; desde Unión por la Patria sostenemos que es la herramienta por excelencia para la movilidad social ascendente de los argentinos y argentinas; el desarrollo del país en su conjunto; y permite democratizar el derecho a la educación superior a lo largo y ancho del país.

En la provincia, la Universidad Nacional de Río Negro tiene sedes en todas las regiones (Andina, Atlántica, Valle Medio y Alto Valle); actualmente tiene 11.333 estudiantes; y 3696 egresados, de los cuales el 54% son primera generación de estudiantes universitarios.
La UNRN pone en práctica al federalismo: les permite a nuestros jóvenes estudiar cerca de sus hogares; y en sus carreras y planes de estudio se despliega conocimiento situado, con identidad regional, con el fin de responder a las demandas y necesidades de nuestra población y entramado productivo.

Por otra parte, tenemos que tener presente que las Universidades, además de asumir la crucial tarea de formar a los profesionales del mañana, son una pieza estratégica en el entramado científico nacional.

Sus áreas de Investigación son fundamentales para el desarrollo de las vocaciones científicas entre los jóvenes universitarios de las carreras de grado y posgrado. En ellas se articulan las actividades de investigación y desarrollo, con las demandas sociales, económicas, regionales y/o locales.

Desde las Universidades Nacionales también surgen diversos esfuerzos por orientar la investigación científica a partir de recursos financieros propios. Así, se despliegan dispositivos donde se seleccionan temáticas, a fin de concentrar los recursos humanos y económicos en áreas competitivas para la universidad.

Al convalidarse el veto, el esfuerzo que hizo el conjunto de la sociedad para el sostenimiento de la Universidad Pública a lo largo de los años, corre serio peligro. Prueba fehaciente de esto es que en los primeros 7 meses de 2024 se ejecutó (a valores reales) un 31,5% menos de fondos para las 57 universidades nacionales que en el mismo período de 2023. Y el panorama desolador se prolonga a 2025 al evaluar el presupuesto general para el año que viene, el cual les otorga la mitad de los fondos que reclaman los rectores.

A su vez, si analizamos la evolución del salario docente, en agosto de 2024 la caída del poder de compra fue del 23,71%, respecto a noviembre de 2023. Como síntoma de esta época la decana de la Facultad de Agronomía de la UBA reveló que en lo que va del año renunciaron 30 profesores. Y la situación se replica en las distintas casas de estudios.

Están fomentando -una vez más- la fuga de cerebros. Lamentablemente le torcieron el brazo a Diputados. Ahora es responsabilidad de la sociedad toda, impedir que arrasen con una institución símbolo y emblema de nuestro país.