En medio de las fuertes críticas y reacciones desatadas en los últimos días tras la impugnación presentada por el Defensor del Pueblo, Sebastián Baltanas, respecto de un dictamen elaborado por la Auditora Municipal Roxana Díez —dictamen que avaló la construcción de la Escuela Técnica y de la N.º 361 en el predio del CEF, así como otro que habilitó la ampliación del Centro de Salud de barrio Norte—, la funcionaria vuelve a quedar envuelta en un nuevo escándalo.

Entre el 1.º de agosto y el 31 de octubre, la Auditoría contrató a Carlos Vázquez como asesor legal del área para analizar documentación y brindar “asesoramiento legal”, además de realizar gestiones diversas. Aunque en el contrato Vázquez figura como abogado, lo cierto es que no posee título habilitante.

El documento, que lleva la firma del propio Vázquez, de la auditora municipal Roxana Díez y también la del intendente Javier Murer, vuelve aún más llamativa la situación: es justamente la Auditoría Municipal el organismo encargado de fiscalizar “todos y cada uno” de los contratos.

Pero el segundo hecho curioso ocurrió ayer, cuando el propio Vázquez radicó una denuncia en la comisaría local por el posible delito de acción pública y pidió a la Fiscalía que abra un legajo para investigar la presunta irregularidad cometida por la Auditora .

En el texto presentado, Vázquez sostiene que trabajó durante tres meses en la Auditoría Municipal prestando servicios para Roxana Díez, y aseguró que desde el primer momento aclaró que no era abogado, ya que se encuentra cursando la carrera en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde aún le restan 12 materias para obtener el título, es decir, aproximadamente un tercio de la carrera.

Vázquez afirma haber manifestado esta situación en la primera entrevista mantenida con la auditora, en la oficina de la calle Calafate. Allí —según relató— le mostró su currículum, donde no figuraba ningún título profesional, algo que a Díez no le habría generado inconvenientes.

Siempre según la denuncia de Vázquez, la funcionaria habría argumentado que él contaba con suficiente experiencia política como asesor, tanto en otras áreas de la municipalidad como en ANSES, donde ya se había desempeñado con buenas referencias.

El denunciante agregó que, al acercarse la fecha de finalización de su contrato, le comentó a la auditora su intención de trasladarse a otra área municipal. A partir de ese momento —según su versión— comenzó a surgir una “situación de animosidad” hacia su persona.

Vázquez asegura que Díez empezó a hablar mal de él e incluso a ventilar cuestiones privadas. También afirmó haber escuchado rumores de que la auditora pretendía radicar una denuncia en su contra por el presunto delito de usurpación de título.

Por último, Vázquez solicitó que se investigue si la auditora Roxana Díez incurrió en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, u otra figura penal que pudiera afectar a la administración pública.