La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aprobó un Plan de Inteligencia Nacional que fija cuáles serán los lineamientos estratégicos durante los próximos años. Algunos reafirman las prioridades de gestiones anteriores, como la prevención del terrorismo y la lucha contra el crimen organizado o velar por los intereses argentinos en el Atlántico Sur y el sector antártico.

Pero también entreabre la puerta a tareas de espionaje interno que podría recaer sobre periodistas, economistas, académicos y todo aquel que cuestione al presidente Javier Milei o al gobierno nacional, reveló el hoy el diario La Nación, que accedió a una copia del Plan.

El Plan de Inteligencia Nacional (PIN) es un documento secreto que desarrolló la cúpula de la SIDE bajo el liderazgo Sergio Neiffert. Desgrana cuáles son los intereses estratégicos del país para, a partir de allí, trazar los objetivos generales de inteligencia y, a continuación, enumerar las eventuales acciones particulares a desarrollar para cumplirlas. Y las enumera, a lo largo de un texto de 170 páginas llenos de generalidades, zonas grises y ambigüedades.

Así, por ejemplo, la SIDE dispone de la facultad de recabar información de todos aquellos que busquen “erosionar”  la confianza de la opinión pública (es decir la verdad de lo que ocurre) sobre los funcionarios que están a cargo de velar por la seguridad de la Nación en opinión del gobierno,  sin precisar si alude a agentes de otras naciones o a expertos, periodistas y ciudadanos que cuestionen los operativos de la ministra Patricia Bullrich para evitar los cortes de tránsito frente al Congreso durante las marchas a los jubilados.

La SIDE también fijó como foco de interés a todos aquellos “actores” que generen o puedan generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del Gobierno, sin tampoco precisar quiénes podrían quedar bajo la lupa.

¿Incluiría, por ejemplo, a quienes pudieran integrar en el futuro una entidad similar a la que fue la American Task Force Argentina (ATFA), que hacía lobby en Estados Unidos en favor de los fondos buitre que no participaron en los canjes de deuda soberana de la Argentina? ¿O alude a los economistas y analistas que discrepan con el ministro de Economía, Luis Caputo, o a los que denosta como “econochantas” el presidente Milei?

El documento secreto también define como sujeto de interés de la SIDE a todos aquellos que puedan “manipular” a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar la “desinformación”. Otra vez, sin precisar si alude a detectar y contrarrestar eventuales acciones de inteligencia externa, como las que Rusia desarrolló para influir en los resultados electorales en Estados Unidos, Francia y Rumania, entre otros países. O si refiere a periodistas y analistas a los que la Casa Rosada acusa de manera sistemática de propalar “fake news” porque no dicen sólo que ellos quieren.

En esa senda, documento enuncia como foco de interés a quienes promuevan la “distorsión” de la “percepción” y afecten los procesos “cognitivos” de la opinión pública. Por ejemplo, a través de las nuevas tecnologías y, en particular, por medio de la inteligencia artificial.

¿Los agentes y analistas de la SIDE quedaron, pues, habilitados a reunir información sobre los “influencers” libertarios e incluso funcionarios de la Casa Rosada como Juan Pablo Carreira que en plena veda electoral difundieron videos en las redes sociales contra el expresidente Mauricio Macri?

Consultado por La Nación, el vocero presidencial, Manuel Adorni, requirió este viernes que se le enviaran las preguntas por escrito sobre la SIDE -que se encuentra bajo la injerencia del tercer vértice del “triángulo de hierro”, Santiago Caputo-, pero al cierre de esta edición no había respondido.

Lo que dice la ley

La Ley de Inteligencia Nacional determina que la SIDE está a cargo de elaborar su PIN tras completar un análisis combinado de los problemas más acuciantes y estratégicos del país vinculados a la defensa nacional y la seguridad interior, para de ese modo fijar sus prioridades y orientar los recursos durante los siguientes años.

En junio de 2021, por ejemplo, la entonces interventora de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, aprobó el Plan de Inteligencia Nacional que rigió entre ese año y 2024, en base a los ocho lineamientos estratégicos que el entonces presidente Alberto Fernández había fijado en 2020.

Entre ellos, “el desarrollo integral de la Nación, terrorismo, la política exterior, el Atlántico Sur y el Sector Antártico, los recursos naturales estratégicos, el crimen organizado y las ciberamenazas”.

El PIN que entró en vigencia con el Gobierno actual también fija como prioridad velar por los “recursos naturales estratégicos” de la Argentina, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo –incluido el de “raigambre anarquista”-, el escenario antártico, las Malvinas y otras islas del Atlántico Sur y las “tecnologías de frontera” como 5G y 6G, por ejemplo, pero también reafirma la decisión del presidente Milei de darle prioridad absoluta al alineamiento total con Estados Unidos e Israel, países a los que se identifica y fija como norte dentro del documento.

Tras la última reasignación presupuestaria de principios de este mes, cabe aclarar, la SIDE recibió otros $25.250 millones, lo que elevó su presupuesto total para este año a $80.872 millones, según los datos disponibles en el Ministerio de Economía y el Boletín Oficial. De ese total, $13.436 millones integran el rubro de “gastos reservados”.

Pobreza, prácticas monopólicas y criptos

El documento secreto también alude como foco de interés de los analistas y agentes de la SIDE a los “fenómenos” derivados de la pobreza y la desigualdad, como también de las migraciones internas que “puedan constituir un riesgo” para lo que define como el “desarrollo integral” de la Nación, sin tampoco aportar más precisiones.

¿Quedarían algunas organizaciones sociales bajo la lupa de los espías o refiere a la prevención de una eventual infiltración por agentes de terceros países, como en el pasado se temió de Cuba y Venezuela?

En la misma senda, la SIDE señaló como foco de su interés a todos aquellos “actores” que puedan incurrir en conductas monopólicas o en cartelización, sin precisar dónde trazará los límites entre sus eventuales tareas de reunión de información y análisis, y las propias de la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que preside Eduardo Montamat desde marzo pasado.

Elaborado durante el segundo semestre de 2024, el documento parece seguir así los lineamientos centrales del ideario libertario e, incluso, dar un guiño a la llamada “batalla cultural” que impulsan los referentes de La Libertad Avanza.

Pero en algunos ejes parece haber quedado desactualizado o, al menos, contradecir esos lineamientos. Por ejemplo, al fijar como foco de interés de la SIDE a aquellos actores que puedan impulsar la evasión y el lavado de activos, en contraposición con algunas de las últimas medidas que anunciaron el Palacio de Hacienda y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), y que al decir del Fondo Monetario Internacional (FMI) son “positivas” pero deben cumplir con las normas internacionales contra el lavado de activos.

En la misma senda, Neiffert, conocido en la jerga como “el Señor 5”, y su flamante número dos –o en la misma jerga, “el Señor 8”, José Francisco Lago Rodríguez –a cargo de supervisar la “caja” y los “ravioles” de la SIDE-, trabajan ahora con un plan secreto que, meses antes del estallido del “caso $LIBRA”, cifró como prioridad de la inteligencia local ir contra aquellos que hagan operaciones sospechosas con criptomonedas. (ADN y propia)