Los Secretarios Generales de Empleados de Comercios de distintas ciudades y localidades de la Patagonia, emitieron un comunicado en e que señalan que «Venimos a expresar nuestro más enérgico repudio y rechazo ante la retención ilegal de trece mil quinientos millones de pesos ($ 13.500.000.000) correspondientes a la coparticipación mensual de la provincia de Chubut por parte del Gobierno Nacional.

Dichos recursos, son esenciales para el funcionamiento y desarrollo de la provincia, y su retención constituye un acto violatorio de la ley y los derechos provinciales, y una flagrante violación de los principios fundamentales de autonomía provincial y federalismo consagrados en nuestra Constitución Nacional.

En vista de la gravedad de las medidas ilegales adoptadas por el Gobierno nacional contra Chubut, las cuales son de una gravedad extraordinaria, se puede ver una clara intención de minar el orden democrático y fomentar un clima de inestabilidad política que podría conducir a un golpe institucional.

Es de suma importancia que el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia intervengan de forma inmediata para investigar y revertir estas acciones, dado que comprometen la integridad financiera y administrativa de dicha provincia.

Es de público conocimiento, que el Gobierno Nacional actual ha recortado diferentes transferencias a las Provincias, las cuales fueron enmarcadas en diferentes leyes, como por ejemplo el Fondo Compensador al Transporte Urbano del Interior o el Fondo de Incentivo Docente, entre otros.

La Justicia Federal, ante un planteo realizado por el Gobierno de Chubut, emitió un fallo expresando que es ilegal la quita de fondos realizadas por Nación respecto a el Fondo Compensador al Transporte Urbano del Interior.

Las sumas de la Coparticipación que reciben las Provincias por parte de Nación, no deben confundirse con deudas que posean entre partes, por lo que es un acto de total ilegalidad retener sumas de la Coparticipación que le corresponde a cada provincia, más si no hubo una voluntad debidamente expresa y escrita de las provincias de permitir tal acto. Lo que demuestra nuevamente, que el Gobierno Nacional pareciera no entender ni respetar las autonomías provinciales, ni la Democracia, madre de toda legitimidad.

El Gobierno Nacional debe entender y respetar, que los Gobiernos Provinciales tienen la misma legitimidad, y que no puede avasallar de la manera en que lo está haciendo los derechos de las Provincias, ni las garantías constitucionales, que son productos de nuestra historia.