Mediante la presentación de un proyecto de Ley, los legisladores del Bloque Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE), Ana Marks, Daniel Belloso y Leandro García, promueven que haya presencia ciudadana y representativa en la conformación del Directorio del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), para asegurar transparencia en la toma de decisiones y en la política energética de la provincia.

En sus fundamentos, el proyecto de ley especifica que el rol del EPRE quedó desfasado en cuanto a su labor cotidiana, importando en sí un mero actor secundario en el desarrollo y la política energética provincial.

A su vez, argumentan que “los distintos mecanismos de control y seguimiento para el tratamiento de tarifas solicitadas por los prestadores de servicios públicos, tales como la audiencia pública, han sido utilizados como un trámite más en el desarrollo y posterior resolución, desvirtuándose la esencia de la participación ciudadana que es garantizar a la sociedad procesos justos y efectivos de transparencia”.

El espíritu de la ley es “acrecentar la transparencia de los actos de gobierno, permitir un acceso igualitario a la información y ampliar la participación de la sociedad en los procesos decisorios de la administración.”

La legisladora Ana Marks, explicó: “Proponemos la incorporación en el directorio de representantes del poder legislativo y dos representantes directos de los usuarios, uno por los residenciales y otro por comerciales, grandes consumidores e industriales, que será propuesto por las Cámaras y Federaciones empresarias.”

Marks aclaró que este proyecto es el resultado también de conversaciones que vienen manteniendo con Cámaras de Comercio de distintas localidades rionegrinas y con la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN).

Por otro lado, el proyecto busca cambiar el paradigma del acto de mayor relevancia para los usuarios y consumidores del EPRE, que es el de su actuación frente a la solicitud de aumentos de tarifas por parte de las prestadoras.

Actualmente, si el EPRE no se expide en un plazo de 120 días ante la solicitud de modificación de tarifas, ese silencio se interpreta como aprobación del aumento pedido. Por este motivo, los legisladores proponen que el EPRE deba necesariamente expedirse frente a las solicitudes de modificación de tarifas.