Tras conocerse el fallo dictado por el juez en lo penal Dr. Ignacio Pombo, que dejara sobreseídos a todos los mapuches que en agosto del año 2018 habían usurpado propiedades de Emanuel David Ginóbili, Néstor Martín Bianchini, Jorge Bernardi y Atilio Fabián Converti; éste último adelantó que iniciará acciones judiciales contra las autoridades responsables del Ministerio Público Fiscal.

En efecto, Fabián Converti, sostiene ser legítimo propietario de una hostería en construcción ubicada en calle Traful de Villa la Angostura. Según afirmó, al momento de ser usurpada por miembros de la comunidad indígena Paicil Antriao, entre gritos y promesas de incendios, lo habían amenazado de muerte.

Tras lo sucedido, Converti convocó a la Policía al lugar de los hechos y radicó denuncia criminal brindando declaración en la propia sede de Fiscalía, acompañando toda la documentación que respaldaba su posesión, pidiendo desde un primer momento el desplazamiento de los intrusos y la restitución provisoria del inmueble.

Según afirmó su abogado, Cristian Pettorosso, “Lejos de suceder ello, tiempo después la causa no avanzó entró en una parálisis, cuando se giraron las actuaciones a un espacio judicial de mediación, procurándose desde el Ministerio Público Fiscal -órgano del cual dependen los mediadores penales- la conciliación entre las partes involucradas en el conflicto”.

Al ver resultados infructuosos en esa instancia de Mediación, Fabián Converti, decidió apartarse rápidamente; quedando Ginóbili, Bianchini y Bernardi, quienes intentaron agotar fórmulas conciliatorias con los mapuches.

Pettorosso indicó que a partir del año 2019, “Fabián Converti siguió reclamando a la fiscalía a cargo de Adrián De Lillo la expulsión de los intrusos y la celebración urgente del juicio oral y público, planteos que fueron desoídos por las autoridades judiciales, quienes, básicamente, argumentaban que continuaba el proceso de mediación con el resto de los damnificados.”

Fue así, que el 14 de mayo de 2021, Converti giró una solicitud al Ministerio Público Fiscal, cual, entre otros pasajes, criticaba esa forma de mediar, argumentando “… con los usurpadores que mantienen en su poder la cosa obtenida ilícitamente, va de suyo que se diluyen las posibilidades de una pronta y efectiva solución al conflicto desde los propios resortes de mediación; toda vez que una situación equidistante de tratamiento, indica -desde la lógica, sentido común y máximas de experiencias- que debiera procederse a la liberación del inmueble por parte de los encartados, a cuyo norte facilitar un entendimiento de los interesados en igualdad de condiciones».

Hemos visto cómo en todo este tiempo, transcurridos nada menos que dos años, ocho meses y veinte días desde el anuncio de la notitia criminis al órgano fiscal, la falta de respuestas de todo el sistema de los engranajes de Justicia, donde se evidencia -ya, sin lugar a dudas- que el usurpador pide “imposibles” para, exitosamente, hacer fracasar una y otra vez el proceso de mediación y así perpetuarse en la continuidad del delito que se les reprocha, ante la pasiva mirada de los operadores jurídicos que deben oficiar por el respeto de las aludidas garantías constitucionales.

Esta situación particular, no querida ni prevista por el legislador neuquino, ventilada oportunamente dentro del diálogo de mediación, se asemeja más a una figura de extorsión al victimizado y a todo el aparato de Justicia, que a una franca voluntad de arribar a una solución conciliatoria del conflicto; pues, obviamente se pide la montaña, el sol y la luna a sabiendas de la imposibilidad por parte de la víctima de acceder a tan desmesurados reclamos.

No es útil mediar con los usurpadores dentro de la propiedad… donde víctimas y el aparato judicial se posicionan débiles frente a los delincuentes, quienes, risueños, sigues haciendo lo que quieren, exhibiéndose así la inutilidad del sistema para atacar el despojo y la vulneración de magnos derechos de los victimizados”, expresó Cristian Pettorosso.

Las peticiones efectuadas por Fabián Converti no fueron nunca respondidas por los fiscales Adrián De Lillo y el por entonces fiscal jefe Fernando Guillermo Rubio -ambos dependientes del fiscal general José Ignacio Geréz-, y, transcurridos más de seis años desde cometido el hecho de usurpación, el juez Pombo decidió finalmente cerrar la causa por excesivo transcurso del tiempo, haciendo lugar a la prescripción pedida por la defensa de los indígenas, que diera paso al sobreseimiento que los dejara liberados de responsabilidad penal; haciendo trizas las expectativas de recuperar las tierras que tenían el conocido basquetbolista y del resto de los victimizados.

Ahora, Fabián Converti evalúa iniciar acciones judiciales contra los responsables del Ministerio Público Fiscal que omitieron brindar un servicio de justicia ágil y efectivo, que resguardara los derechos de las víctimas. Para esto, encomendó al abogado Pettorosso analizar la posibilidad de impulsar una denuncia penal por delito de retardo del servicio de justicia; sin perjuicio -aseguró Converti- de mensurar también la posibilidad de dar curso un proceso de jury por mal desempeño de las autoridades fiscales que permitieron la extinción de la acción penal por la morosidad aludida.

Al ser consultado, el letrado sostuvo “nosotros nos apartamos de inmediato de esa mediación, porque advertimos desde el inicio que no sería útil, dado que no se podía dialogar con los intrusos invadiendo la propiedad. Los años nos dieron la razón. Entre tanto, habíamos pedido a la agencia fiscal que cumpla con la ley para proteger a las víctimas, y disponga lo necesario de forma cautelar para proceder a la restitución del inmueble; planteos que fueron estériles al no ser considerados por los fiscales.

Ahora nos encontramos con esta situación indeseada, vergonzosa para la Justicia; estimando que los agentes responsables deberán dar explicaciones, habiéndose causados daños y perjuicios a mi cliente, retardando inútilmente el proceso penal en franco beneficio de los usurpadores”.

Concluyendo, dijo “he hablado con Fabíán Converti y en este contexto disfuncional de una Justicia inútil de dar respuesta al delito, en que el gobierno provincial comulga con los intereses y reclamos indígenas, y sabiendo de la falta de independencia del poder judicial neuquino, asoma sumamente llamativo el retardo del servicio judicial que ha favorecido a los usurpadores”; señalo Pettorosso, asegurando que evalúa formular reclamos por el mal desempeño del Ministerio Público Fiscal. (DiarioAndino)