El bloque de legisladores del Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE) envió una nota de respaldo dirigida a la Presidenta del Consejo Regional Patagonia Norte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Silvana Andrea Sommadossi, para expresar su total apoyo a los trabajadores y trabajadoras, frente al avance del gobierno de Javier Milei sobre el organismo.

En la misiva, los legisladores manifestaron su preocupación por los recientes recortes y medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional, que ponen en riesgo el funcionamiento del INTA y sus programas clave. En particular, hicieron referencia al llamado “plan motosierra”, que busca achicar y desmantelar esta institución estratégica para la economía y el desarrollo social de la región.

El INTA ha sido un pilar fundamental en el apoyo a los productores agropecuarios de todo el país, desde los pequeños agricultores hasta los grandes productores, a través de la generación de tecnología de vanguardia, tareas de extensión, asesoramiento y la promoción de prácticas responsables con el medio ambiente. Sin embargo, el actual ajuste presupuestario y la paralización de proyectos clave, como los programas Pro-Huerta y Cambio Rural, amenazan con afectar gravemente a la comunidad productiva de Río Negro, y especialmente a los sectores más vulnerables.

En la provincia de Río Negro, el INTA mantiene una sólida presencia a través de tres Estaciones Experimentales Agropecuarias en Bariloche, Allen y Viedma, y una red de agencias de extensión rural que abarcan desde Bariloche hasta El Bolsón, en donde se desarrollan actividades de investigación, transferencia de tecnología y capacitación. Entre sus programas más destacados se encuentran iniciativas para el manejo de recursos naturales, la producción de frutales, la apicultura y el mejoramiento de cultivos hortícolas.

Desde la llegada del gobierno de Javier Milei, el INTA viene sufriendo una serie de recortes presupuestarios que paralizaron numerosas actividades estratégicas. Además, el Gobierno Nacional anunció un «plan de acción comercial», que prevé el despido de más de 1.500 trabajadores del organismo y la venta y concesión de más de 27.000 hectáreas de tierras experimentales, esenciales para la investigación y conservación. Asimismo, se han previsto cambios en la estructura operativa, que incluyen la remoción de directores nacionales designados por concurso, lo que se interpreta como un intento de intervención encubierta en la gobernanza del INTA.

En este contexto, los legisladores destacaron que, como parte de su compromiso con la defensa del INTA y la soberanía del territorio argentino, pondrán a disposición todas las herramientas legislativas para frenar esta embestida contra un organismo clave para el desarrollo económico, social y ambiental de la Nación.