El Poder Judicial aprobó un acuerdo presentado por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro para abordar un tena ambiental en una zona urbana de San Antonio Oeste. La decisión, dictada por el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Ricardo Apcarian, se inscribió en el marco de una acción de amparo.

La planificación incluyó la remediación de un sector ubicado sobre la calle Torello, señalado por acumulación de materiales y residuos. La propuesta formulada por la Multisectorial y conformada por el Municipio de SAO contempló liberar el área y aplicar una capa de árido calcáreo en la calzada, adecuadamente abovedada y compactada, con el objetivo de asegurar una superficie apta para el tránsito vehicular. La Secretaría de Ambiente consideró viables las propuestas medidas.

La iniciativa se incorporó en la documentación remitida por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, que analizó la viabilidad técnica del procedimiento y avaló las medidas. En la resolución, el STJ también valoró el cronograma presentado, que estableció etapas y plazos para la ejecución, seguimiento y verificación de las tareas.

Desde el Municipio se acompañó activamente el plan. Los informes remitidos describieron con precisión las intervenciones previstas y la metodología de trabajo. El intendente de San Antonio Oeste respaldó la iniciativa mediante esa presentación técnica, lo que permitió articular un esquema de trabajo conjunto con la Provincia.

La Multisectorial por la remediación de San Antonio Oeste intervino en el proceso, en su carácter de parte en la acción de amparo. Su participación permitió canalizar las inquietudes y pedidos vinculados al saneamiento del área afectada, aportando elementos documentales que fueron incorporados al expediente.

Por su parte, el defensor general de Río Negro intervino como representante del Ministerio Público, y brindó opinión favorable a la homologación del acuerdo. En la resolución, se dejó constancia de su intervención en carácter de contralor institucional del interés colectivo comprometido en el caso.

Además, el fallo indicó que la Secretaría y el Municipio asumirán tareas de control técnico, inspección y fiscalización durante todo el proceso. Ambas instituciones deberán presentar reportes de avance y un informe final que documente la finalización de los trabajos, junto con los resultados alcanzados.

La decisión del juez del STJ homologó el acuerdo y dio por concluida esta etapa del trámite, instando a las partes a cumplir con las tareas establecidas en los términos presentados.