La Fiscalía acusó a uno de los imputados y amplió la acusación contra el otro por el homicidio de Diego Antonio Cid, ocurrido durante la madrugada del 12 de febrero de 2026 en Bariloche. A uno le atribuyó haber conducido el vehículo y facilitado el hecho, mientras que al restante lo señaló como autor de los disparos.

Según la descripción realizada por el fiscal jefe Martín Lozada, ambos arribaron al lugar junto con otras dos personas, a bordo de un automóvil. El encuentro había sido acordado mediante comunicaciones telefónicas, bajo el pretexto de realizar una transacción de estupefacientes.

Al llegar, habrían reconocido a dos hombres con quienes habían mantenido un conflicto el día anterior. El conductor sobrepasó el lugar, realizó una maniobra de giro y volvió a aproximarse a baja velocidad, a sabiendas de que el otro imputado llevaba un arma de fuego.

En esas circunstancias, quien viajaba en el asiento trasero habría efectuado al menos dos disparos desde una de las ventanillas. Los proyectiles impactaron en el antebrazo y en el tórax de la víctima. Una de las heridas afectó el pulmón, el diafragma, el hígado y el riñón, y le provocó una grave hemorragia interna. La víctima falleció como consecuencia de un shock hipovolémico secundario a una herida de arma de fuego toraxoabdominal.

Luego del ataque, el conductor continuó la marcha y ambos se retiraron del lugar. A quien manejaba el automóvil se le atribuyó el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de partícipe necesario.

La defensa particular se opuso a esa calificación. Sostuvo que su asistido desconocía que se iban a realizar los disparos y planteó que su conducta podría encuadrarse en una figura menos grave. La querella, en cambio, adhirió a la descripción del hecho, el encuadre legal y la evidencia presentada por la Fiscalía.

El juez de Garantías Ricardo Calcagno (foto) tuvo por formulados los cargos en los términos solicitados. La investigación penal preparatoria continuará hasta el 19 de octubre de 2026.

La acusación se sustentó, entre otros elementos, en el procedimiento policial, entrevistas testimoniales, registros de cámaras de seguridad, el informe de autopsia, pericias criminalísticas y de residuos de disparo, y el secuestro del automóvil y del arma de fuego.

Respecto de este imputado, la Fiscalía solicitó medidas cautelares para neutralizar los riesgos procesales. La querella requirió que se le impusiera prisión preventiva, mientras que la defensa prestó conformidad con las disposiciones de menor impacto propuestas por el Ministerio Público Fiscal.

Finalmente, se ordenó la prohibición de salir del país y de la ciudad de Cipolletti, la colocación de un dispositivo de rastreo electrónico y la prohibición de mantener contacto con quienes declararon en el legajo. También deberá presentarse semanalmente en la comisaría más cercana a su domicilio e informar de inmediato cualquier cambio de residencia o de número telefónico.

En la segunda parte de la audiencia, la Fiscalía agravó la acusación contra el imputado señalado como autor de los disparos. A la figura de homicidio sumó la portación sin autorización legal del arma utilizada, respecto de la cual tenía la condición de tenedor autorizado.

El hecho quedó calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de uso civil condicional, atenuada por su condición de tenedor autorizado.

La querella adhirió al planteo y la defensa no formuló objeciones. El juez tuvo por reformulados los cargos y mantuvo la prisión preventiva de este imputado, bajo la misma modalidad y en el mismo lugar de cumplimiento, hasta la audiencia de control de acusación.