En el marco del desguace de profesiones y actividades, propone, entre varias cuestiones, que la colegiación deje de ser obligatoria para las inmobiliarias, así como cambios en los aranceles y honorarios. Mientras el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado trabaja en un decreto para desregular la actividad del mercado inmobiliario, paralelamente el diputado del PRO Alejandro Bongiovanni presentó este lunes el proyecto de «ley de Libertad Inmobiliaria».-

Seguramente para beneficiar amigos o allegados que hoy son ilegales, busca quitar a las inmobiliarias poder para intermediar entre oferentes y demandantes de propiedades, ampliar la competencia con nuevos agentes y supuestamente bajar costos y aranceles que además, los ilegales cobran como si fueran legales.-

La iniciativa, modifica la Ley N°20.266 (sancionada en 1973 por el ex presidente Alejandro Lanusse) y propone, entre otras medidas, la exención de obligatoriedad de una matrícula o título universitario para intermediar en el sector inmobiliario.

El proyecto de ley recientemente presentado plantea cinco cambios importantes en el sector. A continuación los principales puntos del proyecto:

Matrícula obligatoria y título universitario. La obligatoriedad de la inscripción en los colegios profesionales implica una barrera que limita el acceso a la actividad y, por lo tanto, de la competencia. Mediante la eliminación de esta exigencia, se garantizará la libertad del ejercicio comercial al permitir el desarrollo de la actividad a toda persona idónea.

Monopolio de los Colegios profesionales y su facultad sancionadora. En la actualidad, estas instituciones actúan como reguladores y jueces, aplicando sanciones discrecionales sin garantizar la imparcialidad ni permitir el control judicial efectivo. Con la aprobación de este proyecto de ley, las entidades privadas que ofrezcan certificaciones voluntarias podrán competir en calidad y prestigio, mientras que los afectados por el incumplimiento de las obligaciones comerciales, en caso que lo deseen, podrán recurrir a la justicia ordinaria para la resolución de los conflictos.

Restricción geográfica para ejercer. La ley actual presenta la limitación a una jurisdicción específica, lo que impide la libre circulación de los intermediarios del sector que, en consecuencia, obstaculiza la innovación y la ineficiencia en un entorno cada vez más digitalizado. Con las modificaciones que promueve la ley de Libertad Inmobiliaria, se permitirá el ejercicio de la actividad en todo el territorio nacional, adaptándose a las nuevas dinámicas del mercado digital.

Sanciones por ejercicio sin matrícula. La aplicación de multas y clausuras a quienes operan sin estar colegiados constituye una forma de coerción que atenta contra la libertad de trabajar. Al derogar estas sanciones, el único juez de la calidad será el mercado y la decisión de los consumidores.

Aranceles mínimos y honorarios fijos. La fijación de precios mínimos por los Colegios impide la libre negociación entre las partes, encareciendo artificialmente las transacciones y perjudicando a los consumidores. En su lugar, las partes podrán acordar libremente los términos y costos del servicio.

Rechazo en el sector

Marta Liotto, ex presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular de Liotto Propiedades mostró su rechazo a la posibilidad de que se desregule la profesión, y que elimine la obligatoriedad de la matriculación: «Sería un retroceso absoluto y un riesgo para la sociedad. Estaríamos entregando propiedades a personas sin formación ni respaldo. Es un daño institucional». Según explicó, ya hubo casos en los que agentes no matriculados vendieron cerros o médanos en provincias, lo que derivó en causas judiciales.

«No hay actividad más desregulada que la nuestra, porque nació desregulada, porque la gente, si quiere, toma los servicios de un profesional inmobiliario y si no, se lo venden ellos. Pero independientemente de eso, sacar los colegios profesionales va en detrimento de la sociedad toda en su conjunto. Nosotros somos un órgano de control en beneficio de la sociedad, de la mala praxis, y nosotros tenemos facultades delegadas del estado para controlar la matrícula», explicó Paula Méndez, presidenta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro .

Experiencias en otros países

De acuerdo a Bongiovanni, el proyecto de ley de Libertad Inmobiliaria está basado en la evidencia de mercados más abiertos, como los de España, Estados Unidos o Nueva Zelanda, que demuestran que la desregulación “mejora la calidad del servicio y reduce los costos para los consumidores”, en lugar de “privilegiar intereses corporativos por sobre la libertad económica y la autonomía individual”.

Según explicó, estas modificaciones permitirán “desregular el ejercicio de la actividad de intermediación en el sector inmobiliario argentino, devolviendo a los consumidores el poder de elegir a los intermediarios según la calidad y eficiencia de sus servicios, y alineado con los principios de una sociedad liberal y la autonomía contractual”.

Si bien el proyecto ya tendría los votos suficientes, resta saber si no saldría antes por decreto de la mano de Federico Sturzenegger, que ya viene trabajando en el tema. (Ámbito y propia)