Ocurrió cuando el sábado pasado a las 9 la policía acudió a Brown y Otto Goedecke ante un llamado urgente, donde hallaron a Walter Sión Peña herido y visiblemente golpeado, tendido en la vía pública. Tenía tres impactos de bala en las piernas y lesiones de golpes en el cuerpo, todo en medio de una escena caótica donde hubo que separar a los agresores de la víctima.-

Los dos hombres fueron inmediatamente detenidos y se trataba de Víctor Mauricio Hernández —funcionario a cargo de la Delegación Lago Moreno del municipio— y su hermano Braian Gabriel Hernández, quienes quedaron imputados por lesiones leves en riña, agravadas por el uso de arma de fuego.

El dato de que uno de los agresores es funcionario público no pasó desapercibido. Mauricio Hernández, con un cargo dentro de la estructura municipal, fue formalmente acusado junto a su hermano, aunque ambos imputados recuperaron la libertad poco después.-

Como parte del procedimiento, la policía realizó un allanamiento en la vivienda de los imputados. En el lugar se secuestraron armas de fabricación casera, conocidas como “tumberas”, que están siendo peritadas y que pueden modificar el encuadre legal a medida que avance la investigación. Llamativamente se encontraron manchas hemáticas en el baño de la vivienda, actualmente analizadas en una causa paralela bajo el artículo 119 del Código Penal, que refiere a delitos contra la integridad sexual.

Según trascendidos, esta situación podría estar directamente vinculada con el origen del ataque. El agredido señaló en la denuncia que todo comenzó tras un asado compartido con los Hernández. La agresión se habría producido cuando se retiraba del lugar, aunque el propio testimonio de la víctima es impreciso, posiblemente por el estado en el que fue encontrado.-

El Ministerio Público Fiscal aún no confirmó públicamente los detalles, pero distintas fuentes policiales mencionan que los Hernández podrían haber agredido a Peña al creerlo vinculado a un hecho de abuso sexual ocurrido en la misma casa, durante el transcurso de la madrugada y con una menor de edad de la familia Hernández como víctima.-

La hipótesis no forma parte de la acusación formal hasta el momento, pero fue deslizada durante la audiencia judicial por el propio fiscal del caso, Marcos Sosa Lukman y podría explicar, al menos en parte, la violencia desatada aquella mañana. No obstante, la investigación recién comienza, y el expediente está en etapa preliminar.

La Fiscalía solicitó medidas cautelares por cuatro meses. El juez de Garantías, Víctor Gangarrossa, habilitó ese plazo y aceptó las restricciones propuestas: prohibición de contacto con la víctima, prohibición de salida del país para el funcionario, presentación quincenal ante el Ministerio Público y obligación de estar a derecho.-