Nota de opinión de Silvina García Larraburu (*): Desde hace años venimos advirtiendo sobre las consecuencias de entregar nuestros recursos estratégicos al capital privado. Hoy, frente a la inminente licitación del paquete accionario de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, volvemos a alzar la voz en defensa del patrimonio de todos los argentinos.

Estas obras monumentales, construidas por el Estado Nacional a través de HIDRONOR desde la década del 60, fueron la piedra fundacional del desarrollo energético de nuestra Patagonia. Están completamente amortizadas, han generado ganancias extraordinarias y, durante décadas, fueron pilares de un modelo productivo que hoy algunos pretenden desmantelar en nombre del “mercado”.

Mediante los Decretos 718/24 y 895/24, el Gobierno Nacional dispuso avanzar con la privatización de estas represas. Más recientemente, a través del Decreto 263/2025, se prorrogó por apenas 15 días el llamado a concurso, en respuesta a la solicitud de los gobernadores de Neuquén y Río Negro. Un gesto claramente insuficiente frente a una decisión que compromete la soberanía energética del país y margina a las provincias titulares de los recursos naturales.

Lejos de promover una mirada federal, se insiste en un modelo de concesión que ya ha fracasado. Las empresas beneficiadas durante los años ’90 usufructuaron estos activos sin realizar las inversiones necesarias, mientras fugaban capitales al exterior. Es una historia repetida de vaciamiento, desidia y pérdida de control nacional.

Desde el Senado impulsamos en 2022 el proyecto S-3091, que proponía que, al finalizar las concesiones, las represas pasaran a ser gestionadas por ENERGÍA ARGENTINA S.A., en articulación con las provincias y el sector privado. Esta propuesta, que defiende el interés público y una visión integral del desarrollo, fue lamentablemente desoída.

Es momento de actuar. Por eso, instamos al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, a exigir ante las autoridades nacionales:

Que solo se licite el 50% del capital accionario de las sociedades;

Que el 50% restante quede reservado a las provincias de Río Negro y Neuquén, para que puedan decidir sobre el destino de sus recursos.

Esta propuesta requiere la modificación del Artículo 6° del Decreto 718/24, reformado posteriormente por los Decretos 895/24 y 263/25. No se trata solo de energía. Se trata de identidad, de historia, de futuro. Y el futuro no se negocia.

(*) Silvina García Larraburu es Senadora por Rio Negro