Una joven de 27 años fue rociada con combustible dentro de su lugar de trabajo y, según los testimonios conocidos hasta el momento, una mujer con problemas mentales habría intentado prenderla fuego. El episodio ocurrió el sábado en una panadería de El Bolsón y vuelve a instalar una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿quién se hace responsable cuando una persona que requiere atención y seguimiento en salud mental protagoniza una situación que pone en riesgo la vida de terceros porque no debe estar en resguardo institucional?

El hecho generó y genera una enorme preocupación. De acuerdo con la información recabada periodísticamente, la mujer involucrada sería una profesional de la salud con un prolongado historial de tratamiento psiquiátrico y antecedentes de episodios de descompensación que se remontarían a más de dos décadas.

Incluso existen referencias a un episodio ocurrido hace aproximadamente diez años, cuando habría sido intensamente buscada luego de ausentarse junto a sus cuatro hijos, en una situación que provocó preocupación entre sus familiares y motivó la intervención policial.

Según información a la que pudo acceder Noticias de El Bolsón, años atrás habría ejercido su profesión en un consultorio y prestado servicios vinculados a la obra social de los empleados públicos rionegrinos. Si, como surge de documentación mencionada en actuaciones judiciales, ya se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico durante aquel período, corresponde determinar qué controles profesionales y administrativos existieron y si en algún momento hubo evaluaciones sobre su aptitud para ejercer.

Esto no significa que una persona bajo tratamiento de salud mental esté, por ese solo hecho, imposibilitada para ejercer una profesión. Tampoco un diagnóstico convierte a alguien automáticamente en una persona peligrosa. El interrogante aparece cuando existen episodios concretos que podrían representar un riesgo para la propia persona o para terceros. Y allí surge el punto central de esta historia: ¿funcionaron los mecanismos de seguimiento y prevención?

La mujer señalada permanece internada en el Hospital de Área El Bolsón, donde se encuentra bajo atención del área de Salud Mental. La internación dispuesta inicialmente sería por un período de al menos 48 horas, mientras se aguarda la realización de nuevas evaluaciones. No tranquiliza ni clarifica el hecho y la posibilidad de repetirlo.

Para este lunes estaba previsto que el caso vuelva a ser abordado en sede judicial y podrían definirse medidas de mayor alcance. Extraoficialmente, se solicitaría que la mujer sea sometida a nuevas pericias en Bariloche y que su internación se extienda provisionalmente por un plazo de diez días. 

Concretamente, entre las medidas que se impulsarían se encuentra la internación provisional en el Hospital Zonal  en el marco de lo previsto por el artículo 116 del Código Procesal Penal y se solicitaría que, en caso de hacerse lugar, el traslado desde El Bolsón hasta San Carlos de Bariloche se realice con custodia policial.

Finalmente, se requeriría la intervención del Cuerpo Médico Forense para la realización de un examen pericial integral de salud mental, en relación con lo establecido por el artículo 34, inciso 1.º, del Código Penal.

Será la Justicia la que deberá resolver estos pedidos y determinar las medidas correspondientes. Por eso resulta fundamental diferenciar la situación actual —la mujer permanece internada en El Bolsón— de las medidas que podrían solicitarse y eventualmente disponerse durante la instancia judicial.

LOS HECHOS OCURRIDOS:

Una trabajadora de apenas 27 años estaba cumpliendo normalmente con su jornada en una panadería cuando una mujer ingresó al establecimiento. Según los testimonios recogidos tras el episodio, la roció con combustible y posteriormente habría intentado encender fuego.

La trabajadora logró escapar y pedir auxilio. Un vecino intervino, siguió a la sospechosa y consiguió retenerla hasta la llegada de la Policía. Las consecuencias podrían haber sido irreversibles.

Hoy esa joven está viva. Pero además del expediente judicial y de las medidas que puedan adoptarse respecto de la persona señalada como autora del ataque, existe una víctima que deberá atravesar las consecuencias emocionales de haber sentido que podían quemarla viva dentro de su propio lugar de trabajo.

¿Quién la acompaña ahora? – ¿Quién le explica por qué ocurrió? – ¿Quién determina si este episodio podía haberse prevenido? – Y ¿quién se hace responsable de garantizar que no vuelva a suceder?

Como ocurre con otras tantas leyes de inspiración Finlandesa o Sueca pero absolutamente irreales en nuestro país, hay que preguntarse si existen recursos suficientes para Salud Mental, si los pacientes que requieren seguimiento efectivamente lo reciben, si existe personal suficiente, cómo se articulan Hospital, Justicia, Policía y organismos sociales, qué ocurre frente a episodios de descompensación y qué herramientas existen cuando los profesionales determinan que puede haber riesgo para la propia persona o para terceros.

Porque también hay un derecho que debe ser protegido: el de una trabajadora a terminar su jornada y regresar sana a su casa. El de una mujer a caminar por la calle sin ser perseguida. El de una paciente a permanecer internada sin sufrir un abuso. El de un comerciante a trabajar sin ser agredido. Y el de toda una comunidad a sentirse protegida.

Después de lo ocurrido el sábado, las respuestas ya no pueden quedar solamente puertas adentro de un consultorio, un hospital, una fiscalía o un juzgado. Una joven de 27 años fue rociada con combustible y, de acuerdo con la investigación en curso, habrían intentado prenderla fuego, sin causa ni razón por un enfermo que no puede controlarse y del que no se es responsable. (Noticias de El Bolsón y propia)