“Además de los gobernadores, son los Intendentes los que deberían estar pegando el grito en el cielo”. Las transferencias a provincias y municipios se verán reducidas en más de 180.000 millones de pesos y se afectarán las partidas destinadas al pago de salarios. (foto del edificio de la CSJ)

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dispuso el 21 de diciembre que el Gobierno nacional le reintegre el cobro del 2,95% de la masa de fondos coparticipables al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, perjudica a 3 millones y medio de estatales: 716 mil nacionales, más de 2 millones que prestan servicios en las provincias y casi 500 mil distribuidos en todas las comunas del país.

Es que, por la nueva redistribución de fondos, las transferencias a las provincias y los municipios se verán reducidas en más de 180.000 millones de pesos, afectando todas las partidas presupuestarias, entre las cuales se encuentran las destinadas al pago de salarios y la regularización del empleo en las distintas administraciones.

«Con este fallo se perjudica a todos los ciudadanos y en particular a los trabajadores estatales. Frente a esto, no sólo son los gobernadores los que tienen que reclamar, los Intendentes deberían estar poniendo el grito en el cielo: cientos de miles de millones de pesos dejarán de ser girados a las provincias y a los municipios. Se van a ver afectadas todas las partidas presupuestarias, entre estas, las destinadas a pagar salarios», dijo Rodolfo Aguiar, Secretario General Adjunto de ATE Nacional.

«Una gran parte de los trabajadores de la administración pública nacional, las provincias y los municipios ya se encuentran bajo la línea de pobreza y esta decisión de la corte impedirá el mejoramiento de sus condiciones de vida en el corto plazo. Sin lugar a dudas existirá un aumento de la conflictividad en gran parte del país», completó el dirigente.

Cabe recordar que recientemente ATE denunció que el 60% de los estatales se encuentra bajo la línea de pobreza ya que más de 2 millones tienen sueldos que no alcanzan los $145.947 que, según el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), necesitó en noviembre una familia de cuatro integrantes para no ser pobre.