El Gobierno oficializó el decreto con el que empezará achicar del número de empleados públicos. La decisión implica no renovar los contratos que fueron firmados por primera vez a partir del 1° de enero de 2023 y que vencen este 31 de diciembre.

Se trata de una medida que había sido adelantada por el ministro de Hacienda, Luis Caputo e impacta sobre la administración central del Ejecutivo y en los organismos descentralizados del Estado, además de las empresas públicas y las sociedades anónimas de mayoría estatal, como YPF.

En tanto, se avanzará también en la revisión de los empleados que entraron a la función pública antes del 1° de enero de 2023. Sus contratos podrán ser renovados solo por 90 días y ser nuevamente contratados solo con la fundamentación de la continuidad de los mismos.

La idea es definir cuáles puestos de trabajo se mantendrán y cuáles no, dando lugar a una eventual nueva etapa de recortes. Los sindicatos ya están en pie de alerta y tienen medidas previstas para los próximos días.

La medida impacta sobre unos 7.000 empleados que quedarán automáticamente cesanteados, y varias decenas de miles que estarán bajo observación, no solo de la administración central sino de organismos descentralizados y de empresas públicas.

Sin embargo, el decreto establece algunas excepciones y seguirán en funciones más allá de su fecha de ingreso. Uno, el de los «cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales», como el de personas trans o con discapacidad. Ambos se respetarán y no serán alcanzados por el recorte.

También queda exento el personal que «haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación». Por último en casos donde el personal sea considerado indispensable para la operación de una jurisdicción. (LPO)