UnTER acompaña a las comunidades mapuche – tehuelche de Río Negro en el rechazo a las políticas extractivista que pretende imponer el gobernador Alberto Weretilneck en consonancia con el gobierno nacional. Denunciamos la campaña mediática desplegada en Jacobacci, con el objetivo de mostrar que el Proyecto Calcatreu cuenta con licencia social para avanzar.

Como trabajadorxs de la educación, tenemos la plena convicción que los proyectos de explotación de oro, plata y otros metales para la especulación financiera nunca trajeron prosperidad a los pueblos. Por el contrario, destruyen las economías regionales, saquean las reservas de agua y solo dejan desolación y miseria.

Las pruebas están claras en los libros de historia y en el paisaje actual de las poblaciones arrasadas por los socavones de las mineras como sucedió con la mina Veladero en San Juan, operada por la empresa canadiense Barrick Gold, que contaminó cinco ríos con cianuro y mercurio, entre otros metales pesados.

En Río Negro, opera otra empresa canadiense, Patagonia Gold, que pretende convertir en zona de sacrificio a la Región Sur, haciendo enclave en la zona de Lipetren Chico, cercana a Jacobacci. Asociada con el gobierno provincial, pretende instalarse como la solución económica para los pueblos, luego de años de operaciones políticas y mediáticas, deslegitimando los justos reclamos de las comunidades. Si realmente fuera una opción no necesitaría de un cerco mediático para silenciar las voces disidentes

Es una realidad que las empresas tiene el poder económico para cooptar voluntades, que pueden esperar el momento para dar el zarpazo. La llegada de Javier Milei a la presidencia, con el apoyo de las corporaciones que ganan fortunas destruyendo los Estados, es el contexto ideal para que desplieguen todas sus estrategias en las provincias, para lograr expoliar la naturaleza.

En Río Negro, ya lograron modificar leyes, como la minera y de tierras fiscales, montaron una puesta en escena protagonizada por referentes del partido gobernante y sus aliados.

A la par, se infiltraron en educación, distribuyendo manuales de estudio con información falaz. Bajo la excusa de que fue un material producido por las escuelas, incluyeron información acotada sobre los beneficios de la minería, pero nada dice sobre el uso indiscriminado del agua, cianuro y otros materiales contaminantes necesarios para extraer el oro.

Tampoco tiene espacio para la economía social y solidaria como una alternativa real para el desarrollo de las comunidades. Limitan las alternativas, para convencer a las nuevas generaciones de que nuestro destino como región solo depende de la venta y la explotación al extranjero.

Si algo saben hacer muy bien los poderosos es borrar las huellas de sus crímenes. Pero no pueden con la memoria de los pueblos que resisten. Desde hace más de 20 años, junto a las organizaciones sociales, ambientales, el pueblo Nación Mapuche, hemos sido protagonistas de acciones colectivas, como fue lograr la Ley antiminera con uso de cianuro.

Lamentablemente la traición de algunos sectores político partidarios la derogaron en el 2011. En ese momento, Weretilneck era vicegobernador, un mes después asumió en la gobernación luego del asesinato de Carlos Soria. Desde entonces Juntos Somos Río Negro intentó avanzar en su asociación con empresarios extrajeros como Joe Lewis y las multinacionales. Aún con todo ese poder, no logra la licencia social para la entrega de los bines comunes. Fue la férrea decisión de las organizaciones y las acciones conjuntas que frenaron cada avanzada y ahora no será la excepción.

Una vez más decimo No a Calcatreu. Denunciamos las políticas extorsivas, el silenciamiento y la deslegitimación de las organizaciones que rechazamos el extractivismo. Repudiamos la puesta en escena desplegada por el gobierno provincia, con los fondos de todxs lxs rionegrinxs, para beneficiar a unos pocos.

Continuaremos diciendo No al saqueo! Exigimos políticas públicas que acompañen a las economías regionales y permitan repensar la matriz productiva, respete los derechos ancestrales amparados por la Constitución Nacional y de las futuras generaciones a vivir en un ambiente sano. (Gral. Roca – 31 de julio de 2024)